LA NUEVA CONSTITUCIÓN CHILENA: ¿APRUEBO, RECHAZO, VOTO NULO, EN BLANCO, ABSTENCIÓN?
«… el cobre, el litio y cualquier recurso, excepto el agua, pueden ser explotados por compañías extranjeras. Así, surge la pregunta de quienes son escépticos a la hora de dar el Sí. ¿Cómo se financian los derechos sociales, reconocidos en la nueva Constitución?»
12 de agosto de 2022
Las constituciones expresan un momento de la lucha de clases. Mientras era entrevistado para Chilevisión, en el programa matinal de máxima audiencia, el presidente Gabriel Boric sorprendió a propios y extraños, declarando: “Chile votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva Constitución, pero no votó solo esto, votó que quería una Constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin (…) De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero” ¿El parche antes que la herida? ¿Un plan B que a nadie gusta?
En primer lugar, debemos aclarar, la convención constitucional fue el resultado no querido del estallido social de octubre de 2019. Los partidos del orden buscaron minimizar los daños y firmaron el Acuerdo por la paz social y una nueva constitución, el 15 de noviembre de 2019, conocido como “pacto de la traición”. Desprestigiados socialmente, un 66% de los convencionales electos lo fueron de listas independientes. Por consiguiente, la redacción de una nueva carta magna, se les escapó de las manos a quienes habían gobernado el país durante 40 años. El Convencional Fernando Atria, académico y reconocido operador político de la Concertación en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ex militante socialista y candidato independiente por la lista Apruebo dignidad, en el cupo de Revolución Democrática, fue claro: “las listas de independientes fueron una medida necesaria para la Convención Constitucional porque los ‘partidos políticos’ no cumplían la función anterior y eran vistos como máquinas sin contenido político. La Nueva Constitución es para recuperar la legitimidad de las formas institucionales de la política”. Las aguas deben volver a su cauce.
La derecha pinochetista inició su campaña, descalificando a muchos de los convencionales, y hoy cuestiona su redacción final. Los sectores más radicales del pinochetismo, como el empresario Pedro Pool Vargas, dueño de una cadena de supermercados en la zona del Wallmapu, declara en el programa de Patricia Maldonado Las indomables: “lo vamos a hacer igual, a la buenas o a las malas, si gana el apruebo, organizando grupos de resistencia en defensa de la libertad, la propiedad privada y la familia…que la izquierda no se equivoque (…) si gana el apruebo, no van a ser 3000 (los ejecutados) como con el general Pinochet, serán harto más, lo haremos igual”. Aunque marginal, es parte del engranaje que actúa para fomentar el miedo, en tanto sus declaraciones tienen eco a nivel nacional. Por otro lado, un grupo de notables, ex miembros de los gobiernos progresistas de la Concertación y Nueva Mayoría, a medida que avanzó el proceso, ha torpedeado su propuesta. Ricardo Lagos toma la batuta y marca el camino. La palabra consenso se hace viral. En carta abierta Lagos subraya: “Chile merece una Constitución que suscite consenso y como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas”. ¿Era ese el sentido de las palabras expresadas por el presidente Gabriel Boric en la entrevista? Haciendo piñata, está el grupo de los Amarillos. Una confluencia de ex ministros, ex diputados, ex senadores socialistas, democristianos, PPD, intelectuales, sectores de la derecha renovada, algunos ex de los gobiernos de Sebastián Piñera, etc. Su objetivo: renegar públicamente de la Nueva Constitución. Para ellos, de ser aprobada, se rompería el consenso, dividiendo el país. Nuevamente, la palabra consenso se esgrime para hacer ruido. No es una propuesta inclusiva, dirán. La constitución de 1980, exponen, se refundó democráticamente en 2005, por lo cual no cabe adjetivarla de pinochetista. Su opción: rechazar la propuesta de los convencionales.
En segundo lugar, el poder legislativo se renovó el 21 de noviembre de 2021. Los diputados lo son hasta el año 2026 y los senadores hasta 2030. Aunque la derecha no obtuvo mayoría absoluta, controla el senado, 25 de sus 50 miembros, y en la Cámara de diputados, la balanza se inclina hacia los firmantes del pacto, cuya propuesta de nueva Constitución se aceptó a regañadientes. Así, sea cual sea el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, se apruebe o rechace, no habrá Congreso constituyente. Felipe Portales, uno de los intelectuales y sociólogos más destacados, señala esta contradicción: “… el órgano encargado de concretizar en leyes gran parte del nuevo texto constitucional será ¡el Congreso actual, que para entonces representará una Constitución fenecida! Y -lo que es peor- será un Congreso donde la derecha más tradicional -acérrima enemiga del nuevo texto- posee mayoría, a través de su 50% (25) del Senado. Es decir, un poder legislativo electo por el “antiguo régimen” y ¡claramente enemigo del nuevo! será el encargado de poner en marcha la nueva Constitución. Algo absurdo y contradictorio por donde se mire (…) Desgraciadamente, todo esto nos coloca en un escenario en que cualquiera sea el resultado del plebiscito de septiembre, no podemos esperar ninguna trasformación fundamental del “modelo chileno” en un futuro previsible”. En esta misma línea reflexiona Sergio Grez, uno de los historiadores más influyentes en la sociedad chilena: “la propuesta de nueva Constitución de la Convención Constitucional, no es más que un mero ‘borrador’ con el cual el Congreso nacional hará lo que mejor le parezca, independientemente de que se apruebe o no en el plebiscito del 4 de septiembre (…) En otros términos, el plebiscito carece del dramatismo que ambos bandos en disputa quieren hacerle creer a la ciudadanía, pues la convención le devolvió en bandeja el poder constituyente al Congreso”.
Si la redacción es un avance, al reconocer derechos sociales hasta ahora negados o recuperados al mercado como educación, salud, vivienda, pensiones, igualdad de género, derechos de la naturaleza, sus contradicciones dividen a los partidarios del apruebo. Su articulado tiene sombras. La nueva constitución no contempla la nacionalización de los recursos naturales no renovables. Los convencionales no lograron reunir el quorum necesario de los 2/3. Por consiguiente, el cobre, el litio y cualquier recurso, excepto el agua, pueden ser explotados por compañías extranjeras. Así, surge la pregunta de quienes son escépticos a la hora de dar el Sí. ¿Cómo se financian los derechos sociales, reconocidos en la nueva Constitución? El debate está servido. La promoción del voto nulo o blanco, gana adeptos. Su argumento cobra fuerza: “Chile le regaló a la minería privada del cobre 120 mil millones de dólares en 10 años según CIPER y esto va a seguir ocurriendo según la nueva constitución. ¿Imagina Ud. lo que Chile podría hacer con todo ese dinero? Sin plata, los derechos sociales son una quimera. No se engañe con falsas promesas».
En esta disyuntiva, los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre, por una nueva constitución y la paz, buscan una salida, promover el apruebo para reformar en el Congreso. Así, los artículos de hondo calado democrático serían limados en el Congreso. En esta dirección debe interpretarse el acuerdo del senado del 20 de junio, que dio el visto bueno a la propuesta que reduce el quórum para reformar la Constitución de 2/3 a 4/7. En palabras de Rojo Edwards, senador de la derecha, antes de Renovación Nacional, hoy del ultraderechista partido Republicano: “lo que estamos haciendo hoy, es justamente, dar certeza, seguridad a los chilenos que queremos una nueva y buena constitución y no la que ha propuesto la Convención Constitucional, que no dio el ancho, que no fue capaz de construir una casa para todos y que sigue dividiendo a los chilenos”
En definitiva, la redacción y posterior puesta en leyes de una Carta magna, es una disputa política, da cuenta de una correlación de fuerzas. Y hoy, en Chile, no corren buenos tiempos para romper el modelo neoliberal, en medio un gobierno que pierde fuelle y se empantana. Para el ejecutivo, la propuesta aprobar para reformar, es una opción que evitaría el rechazo y daría un respiro a Boric. Nuevamente el dilema del mal menor está sobre la mesa.