COMIENZA EN TEMUCO EL JUICIO DEL DENOMINADO «CASO LAUTARO»: CINCO COMUNEROS MAPUCHE ENFRENTAN PENAS QUE SUPERAN LOS 70 AÑOS
Por El Porteño
«La defensa ha insistido en que el caso debe entenderse dentro de una política más amplia de judicialización del conflicto mapuche, donde la prisión preventiva prolongada, la utilización de figuras penales múltiples y la espectacularización mediática de los procesos cumplen una función disciplinaria y política»
12 de mayo de 2026 | Fuente: El Porteño
Este lunes comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco un episodio más en la criminalización de la lucha del pueblo Mapuche, el juicio oral del denominado “Caso Lautaro”, proceso judicial dirigido contra cinco comuneros mapuche acusados por hechos ocurridos en 2022 en el fundo San Luis, en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. Entre los acusados se encuentra Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo del dirigente histórico de la CAM, Héctor Llaitul, junto a Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez.
El proceso judicial se origina en hechos ocurridos en 2022 en el fundo San Luis, en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. La Fiscalía imputa delitos de robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de armas prohibidas y tenencia ilegal de municiones, solicitando penas que fluctúan entre 59 y 71 años de presidio efectivo. El juicio se desarrollará durante 29 jornadas y se encuentra rodeado de un amplio despliegue de seguridad.
El inicio del proceso ocurre además en un contexto político particularmente tensionado, bajo Estado de Excepción Constitucional y ocupación militar del Wallmapu, revelando que este juicio es una dimensión del conflicto entre el Estado chileno y el movimiento mapuche autonomista, conflicto atravesado por militarización, persecución penal y aplicación expansiva de figuras asociadas al terrorismo y al crimen organizado.
En entrevistas difundidas durante las horas previas al inicio del juicio, tanto la abogada defensora Magdalena Rivera como Ernesto Llaitul —vocero y hermano de uno de los acusados— denunciaron que el proceso constituye una operación de persecución política contra comunidades mapuche y militantes vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Rivera cuestionó especialmente el uso de testigos protegidos y la utilización de figuras penales acumulativas destinadas a construir condenas ejemplificadoras. Según expuso, el Ministerio Público ha desarrollado una política de criminalización que persigue transformar conflictos políticos y territoriales en causas de “seguridad interior”, ampliando las capacidades represivas del Estado chileno en Wallmapu.
En términos semejantes, Ernesto Llaitul sostuvo que no existe confianza alguna en la imparcialidad del Poder Judicial chileno ni en el actuar de la Fiscalía de La Araucanía. Denunció además la utilización de “testigos secretos” y acusó directamente al fiscal Roberto Garrido de actuar articuladamente con intereses empresariales y sectores de ultraderecha ligados al gran capital forestal de la zona.
La defensa ha insistido en que el caso debe entenderse dentro de una política más amplia de judicialización del conflicto mapuche, donde la prisión preventiva prolongada, la utilización de figuras penales múltiples y la espectacularización mediática de los procesos cumplen una función disciplinaria y política.
El juicio oral había sido suspendido en reiteradas ocasiones y aparece ahora como uno de los procesos más emblemáticos impulsados por el Ministerio Público en La Araucanía en los últimos años. La sala quedó integrada por los jueces José Ignacio Rau, Wilfred Ziehlmann y Javier Bascur.
Más allá del desenlace judicial, el proceso vuelve a poner sobre la mesa el carácter profundamente político del conflicto entre el Estado chileno y el movimiento mapuche autonomista. La magnitud de las penas solicitadas, la utilización de herramientas excepcionales de persecución penal y el discurso securitario dominante muestran cómo el aparato judicial se ha transformado progresivamente en un actor central de la política represiva en Wallmapu.
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