Cien organizaciones piden que se investiguen las violaciones de DDHH contra la población saharaui

27 de abril de 2026 | Fuente: Contramutis

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil solicitan incluir al Sáhara Occidental en las políticas públicas de Memoria Democrática y que se investiguen las violaciones de Derechos Humanos cometidas contra la población saharaui.

La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara) acudirán el próximo jueves, 30 de abril (12h), al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para formalizar una petición ante la “Comisión de la Verdad” sobre violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra y la Dictadura. 

Las organizaciones entregarán un manifiesto, suscrito por más de un centenar de entidades memorialistas y de la sociedad civil, junto con 20 ejemplares del informe “Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español”, destinados a cada uno de los 20 miembros que conforman la Comisión.

Solicitan a la Comisión que incorpore la investigación de las violaciones de Derechos Humanos cometidas contra la población saharaui bajo la administración española como línea de trabajo, garantizando su derecho a la verdad, el acceso a los registros oficiales y su inclusión plena como víctimas en el marco de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Pretenden que las conclusiones del órgano incluyan recomendaciones de políticas públicas que reparen la memoria de quienes padecieron la represión en el Sáhara Occidental, asegurando su reconocimiento oficial y la asunción de responsabilidades por parte del Estado español. 

El manifiesto recuerda que el Sáhara Occidental estuvo bajo dominio español entre 1884 y 1976 y fue declarado provincia española en 1958. “La población saharaui fue documentada como ciudadanía española y sufrió persecución política y represión durante el periodo comprendido en la Ley de Memoria Democrática”, precisa.

Añade que “tras el ingreso de España en Naciones Unidas, el territorio fue incluido en 1963 en la lista de Territorios No Autónomos pendientes de descolonización, reconociéndose el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”.

Entre otras cuestiones, el manifiesto expone:

“El proceso de descolonización quedó interrumpido tras los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, firmados entre España, Marruecos y Mauritania, considerados jurídicamente contrarios al derecho internacional al no transferir la soberanía del territorio ni garantizar la libre decisión de su población. La retirada española en febrero de 1976 dejó a la población saharaui expuesta a graves violaciones de derechos humanos y provocó desplazamientos masivos, desapariciones forzadas y situaciones de apatridia”.

Represión y víctimas olvidadas

“El informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo (Aomar Lahsen, Abdeslam, 2025) documenta distintos episodios represivos sufridos por la población saharaui durante el franquismo y el periodo posterior, entre ellos la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de manifestaciones pacíficas como la de Zemla y múltiples desapariciones ocurridas durante la retirada española como la del líder saharaui Mohamed Bassiri”.

“Denunciamos además un trato diferenciado entre la población española de origen europeo, que fue evacuada e indemnizada durante la llamada Operación Golondrina, y la población saharaui, que quedó desprotegida frente a la ocupación militar y perdió en muchos casos la nacionalidad española, derivando en situaciones de exilio y apatridia».

“A nuestro juicio, este tratamiento desigual constituye una discriminación basada en criterios raciales y evidencia una deuda histórica pendiente del Estado español”.

El Sáhara, ausente en la memoria colectiva

El informe subraya cómo el Sáhara Occidental desapareció progresivamente de los manuales educativos españoles tras 1976, “contribuyendo a un vacío historiográfico que ha dificultado el conocimiento público de este episodio histórico y de sus consecuencias humanas y políticas”.

Indica que en los últimos años, asociaciones saharauis, entidades académicas y organizaciones memorialistas han reclamado reiteradamente la inclusión de las víctimas saharauis en las políticas de memoria democrática. Estas demandas se han intensificado tras la entrada en vigor de la Ley 20/2022 y la reciente creación de la Comisión de la Verdad anunciada por el Consejo de la Memoria Democrática el pasado 25 de marzo de 2026.

Peticiones al Gobierno y a la Comisión de la Verdad

Las entidades firmantes valoran positivamente la constitución de esta Comisión y consideran que representa una oportunidad histórica para abordar de forma integral las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el franquismo, incluyendo aquellas ocurridas en contextos coloniales.

Sin embargo, denuncian que la ley mantiene un vacío histórico relevante al no contemplar expresamente la represión ejercida contra la población saharaui durante el periodo colonial español y el proceso de descolonización inconcluso iniciado en 1975.

Por ello, piden al Gobierno y a la Comisión de la Verdad que el Sáhara Occidental sea incorporado como línea específica de trabajo dentro de las políticas públicas de memoria democrática mediante el reconocimiento oficial de las víctimas saharauis; el acceso a archivos y registros históricos; la investigación independiente de los hechos ocurridos durante la administración española; la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática; y la participación directa de víctimas y familiares en los procesos de verdad, justicia y reparación.

También reclaman que la Comisión de la Verdad investigue específicamente las responsabilidades del Estado español durante la descolonización inconclusa del territorio.

Una deuda histórica pendiente

El informa afirma que las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el franquismo “no se limitaron al territorio peninsular, sino que también afectaron gravemente a la población saharaui bajo administración colonial española”. Recuerda que distintos relatores de Naciones Unidas han señalado la necesidad de aplicar mecanismos de justicia transicional para abordar los legados del colonialismo y garantizar reparaciones efectivas, “incluyendo el Sáhara Occidental como uno de los casos donde persiste una deuda histórica pendiente en materia de DDHH y reparación”.

“Reconocer a las víctimas saharauis no supone reabrir el pasado, sino completar el proceso democrático iniciado en España y garantizar que ninguna víctima quede excluida del derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, se precisa.

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