Plantón en México por las 134000 personas desaparecidas

17 de mayo de 2026 | Fuente Colombia Informa

Colombia Informa- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) mantiene un plantón indefinido en el centro histórico de la Ciudad de México desde el 17 de abril, a menos de un mes del inicio del Mundial 2026 en la capital mexicana.

Junto al monumento a la Mexicanidad, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a una cuadra del Zócalo o plaza de la Constitución —corazón político, cultural y religioso del país—, las carpas del FNLS buscan visibilizar diversas demandas políticas y sociales que las autoridades federales y estatales han ignorado.

El FNLS es una organización popular integrada por campesinos, indígenas, estudiantes y trabajadores provenientes de estados como Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Michoacán y Ciudad de México.

Orígenes y persecución del FNLS

Daniel Gómez Santis, procedente de Ocosingo, Chiapas, recuerda que el FNLS se constituyó formalmente en 2006, aunque sus raíces se remontan a procesos organizativos campesinos iniciados desde finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando surgieron movimientos por la recuperación de tierras controladas por caciques y terratenientes.

Estas luchas agrarias, asegura, enfrentaron persecución política, encarcelamientos, quema de comunidades y la aparición de grupos paramilitares que actuaban en defensa de intereses económicos locales.

Daniel describe la evolución del movimiento y destaca cómo distintas organizaciones populares se articularon a nivel nacional para enfrentar la desigualdad social y la falta de acceso a la tierra.

Con el tiempo, el FNLS amplió su agenda hacia demandas políticas más amplias, como la defensa de derechos humanos, la lucha contra la represión estatal y la reivindicación del socialismo como proyecto político.

Desde 2007, el frente adoptó como una de sus principales banderas la exigencia de presentación con vida de personas desaparecidas, especialmente los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, además de otros militantes y ciudadanos desaparecidos en México.

Los miembros del FNLS afirman que, a lo largo de estos 20 años, han sido víctimas de crímenes de Estado: hostigamiento, amenazas, persecución, prisión, desalojos, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, todo ello para silenciar la protesta popular. Esta violencia, señalan, tiene como propósito aterrorizar al pueblo para que los trabajadores no ejerzan su derecho a la organización, la protesta y la libre manifestación.

Los casos de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz

Reyes y Cruz fueron dos revolucionarios militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EP). Las autoridades los desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, por parte de policías y militares. Después de 19 años de lucha contra la impunidad, se han logrado avances.

Destaca la labor de acompañamiento y documentación del Comité Cerezo México ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que concluyó que en este caso ocurrió una detención arbitraria y una violación de diversos derechos humanos.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en sentencia, que el Estado mexicano es responsable de la desaparición forzada de ambos por pertenecer a una organización revolucionaria.

La resolución ordenó abrir los cuarteles militares para dar con el paradero de los desaparecidos y crear una Comisión Especial de Búsqueda.

Sin embargo, el FNLS acusa al Gobierno Federal de que la Fiscalía General de la República actúa con dilación e indolencia, y que, por ello, el policía Pedro Hernández Hernández y el exprocurador Evencio Nicolás Martínez, acusados de participar en la desaparición forzada, gozan de total impunidad.

La desaparición forzada y la represión en México

Daniel Gómez recuerda que en México hay 134000 víctimas de desaparición forzada. Menciona el caso de otro compañero desaparecido, Fidencio Gómez Sántiz, a quien desaparecieron el 5 de marzo de 2016, después de asistir a una marcha nacional en la Ciudad de México por compañeros víctimas de intento de ejecución extrajudicial.

Al año siguiente, el 28 de febrero de 2017, Humberto Morales Sántiz, menor de edad, sufrió una ejecución extrajudicial, días antes de una jornada por el caso de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz.

Daniel señala que los integrantes del FNLS sufren represión del Estado: “Cada actividad que hacemos, agentes civiles nos espían; en nuestras comunidades hay vigilancia con drones. El gobierno del estado de Chiapas nos dice que somos delincuentes. Yo soy un perseguido político del gobierno chiapaneco por ser parte del Frente”.

Este año recuerda la represión del 20 de febrero por parte de la Guardia Nacional y del grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal”, creado en 2018 por el Gobierno de Chiapas: “Nos persiguieron hasta la montaña. Llegó el helicóptero para disparar a todo lo que se moviera, con bala. Afortunadamente, no hubo heridos ni muertos”.

Ese día, la comunidad tuvo que desplazarse. Cuando regresaron, después de que las mujeres se enfrentaran a los policías, comprobaron que les habían robado las herramientas de trabajo, la producción de café, el maíz, el frijol y el dinero: «Lo saquearon todo, no dejaron ni una galleta ni un chicle de la cooperativa».

Durante el operativo, detuvieron a 10 personas de comunidades aledañas acusándolas de pertenecer al FNLS, y las liberaron después de 80 días de prisión, a pesar de que no mantenían ninguna relación con el grupo.

Añade que el 24 de abril siguiente, un grupo armado atacó a integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo, que realizaba un bloqueo de la carretera entre los municipios de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz. El resultado fue cuatro muertos, dos desaparecidos y más de 20 heridos que no recibieron atención médica.

Noemía Calles Ríos, originaria de Michoacán, sostiene que durante la década de 1970 la represión se dirigía principalmente contra quienes el gobierno consideraba base social de los grupos armados revolucionarios.

Sin embargo, afirma que actualmente la desaparición forzada afecta a la población en general: «La violencia de Estado se ha incrementado desde el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Aumentaron las desapariciones forzadas, ahora por motivos sociales. Así se han creado muchas organizaciones de familiares de desaparecidos que se han conformado para exigir justicia por sus seres queridos».

Desde diferentes organizaciones, critican la actitud negacionista de los gobiernos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de su proyecto político conocido como Cuarta Transformación, incluida la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que pretenden atribuir la desaparición forzada al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

Aunque intentan afirmar que se trata de cosas del pasado, durante su mandato han aumentado los casos: en los primeros 500 días de su gobierno se cometieron 16000 nuevas desapariciones forzadas.

Para el FNLS, la práctica generalizada de la desaparición forzada comenzó cuando los gobiernos mexicanos adquirieron compromisos económicos para garantizar inversiones privadas, facilitar el saqueo de los recursos naturales y el despojo de tierras.

Señalan que, tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, el aumento exponencial de las cifras de desapariciones forzadas comenzó en Ciudad Juárez. Allí se concentra la industria maquiladora que abastece a Estados Unidos y constituye un punto de tránsito de migrantes y mercancías.

Noemía afirma que existe una persecución política contra los integrantes del FNLS y que ella misma es víctima de esa persecución: “Hay otros compañeros víctimas de persecución política en los estados donde tenemos presencia como organización, por mantener la denuncia política de manera constante y permanente. Fabrican carpetas de investigación en nuestra contra con delitos falsos. A partir de 2006, trabajamos organizando al pueblo desde las comunidades y desde los diferentes sectores, y la respuesta del Estado es cometer más crímenes».

Entre los presos políticos del FNLS, señala el caso de Higinio Bustos Navarro, líder indígena náhuatl originario de la localidad de Huautla, Hidalgo, condenado a 20 años de cárcel por un asesinato ocurrido en 2008. El Comité Cerezo llevó el caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, y este lo dictaminó como detención arbitraria y exigió su liberación.

«El gobierno de México declara a nivel internacional que respeta los derechos humanos, pero quienes vivimos aquí sabemos realmente cómo está la condición. El gobierno solo usa discursos demagógicos para tratar de engañar», concluye Noemía. En el caso de Higinio, tanto la Fiscalía de Veracruz —que lleva el caso y pertenece a Morena— como la Secretaría de Relaciones Exteriores —que defiende internacionalmente al Estado mexicano en foros de derechos humanos— se niegan a aceptar las peticiones de liberación.

Noemía explica que el plantón en la capital del país busca abrir un diálogo directo con el gobierno federal y llamar la atención nacional e internacional sobre la situación que viven las organizaciones populares.

Sin embargo, la respuesta que recibieron en una reciente reunión con el secretario general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Hernández Hernández —para que esta Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del espionaje del ejército contra las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos—, fue que se trata de un asunto que debe resolver el Poder Judicial.

CI LM/FC/16/05/2026/18:00

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