Songo le dio a Borondongo, pero nadie le pegó a Muchilanga. Por Jairo Fuentes

Cárcel de La Dorada, Colombia | 4 de diciembre de 2021

En días pasados se suscitó una polémica, como ha ocurrido varias veces, por el problema de la inseguridad en las grandes ciudades de Colombia. Unos responsabilizan a las alcaldías, otros a la policía y otros tantos a los jueces, porque estos no enviaban a todos los aprehendidos a la cárcel. Estos -los jueces- responsabilizaron a la Fiscalía por no sustentar debidamente las acusaciones y no aportar las pruebas suficientes para generar una medida de aseguramiento. Desde luego, no faltó el que se descargó contra el INPEC por no recibir a todos los presos en las cárceles, porque como dice la canción, “no hay cama p’a tanta gente». De milagro, y debe ser por desconocimiento, nadie se enfiló contra la Corte Constitucional, ni contra la Corte Interamericana de Derechos humanos, ni contra las Naciones Unidas y sus tratados internacionales, por proponer que la medida de aseguramiento y la internación en establecimiento carcelario, debe ser el último recurso utilizado por el Estado como medio de control de la delincuencia.

Ahora bien, la inseguridad en las ciudades es un fenómeno histórico y se podría decir que muy propio de las mismas, dado que son un verdadero centro de acopio, tanto de las personas que nacen en ellas como de las que llegan de la periferia rural y provincial, pero sobre todo por las condiciones económicas y sociales que tiene que soportar una gran mayoría, de la cual unos cuantos desesperados y desesperanzados, comienza delinquiendo para intentar dar salida a sus necesidades básicas insatisfechas, y luego se queda en la ilegalidad al encontrar en ella una manera rápida de conseguir lo que con trabajo -si es que lo tienen- les es tan difícil alcanzar.

De manera que no es que ahora la inseguridad se haya tomado las “hasta ayer tranquilas calles citadinas”. Por el contrario, la mayoría de los habitantes metropolitanos normalizó la inseguridad como uno más de los riesgos a correr por vivir en las urbes.

Lo que sucede -y que tampoco es nuevo- es que los magacines informativos, que por demás fungen (fingen) de noticieros, tienen una matriz en la que se pone en relevancia el tema del día o el informe especial. Así que hay que rellenar las más de siete horas diarias de bombardeo informativo y comercial; y para mantener el interés de la audiencia se exacerba un fenómeno social cualquiera haciéndolo parecer novedoso. Si no que nos lo diga nuestro “presidente” que tuvo uno de esos magacines durante casi dos años, durante una hora al día con el “coco” del siglo: el COVID-19.

Ahora bien, ¿Que por el hecho de que la inseguridad sea un fenómeno histórico, sobre todo en las ciudades, no hay que preocuparse y no hacer nada? Desde luego que no. Lo que sucede es que, como se dice popularmente, “se está buscando al ahogado río arriba” o “se busca la fiebre en las sábanas”. Así pues, culpar a los jueces o a la Fiscalía, o al INPEC, de los crecientes índices de inseguridad, no es tan absurdo, pero son apenas las partes visibles de una maleza que tiene raíces más profundas.

¿Qué hacen los jueces? Interpretar y aplicar la ley -que no hicieron ellos-. Ley que también tiene ciertos resquicios garantistas, incluso para los delincuentes, como debe ser en un Estado social de derecho y por demás “democrático” y de los más sólidos, según se pregona desde las altas esferas de la política ¡Nacional e internacional! Como diría un popular personaje que anda llevando conciertos gratis a todos los rincones del país.

¿Quiénes pues, hacen las leyes que los jueces interpretan y aplican? La clase política tradicional, obedeciendo a los intereses económicos, políticos y morales -propios o de sus patrocinadores-. Esas leyes, que no tiene para nada en cuenta las condiciones reales de la sociedad colombiana, crean a cada rato nuevos tipos penales y agravan las penas de manera desproporcionada, atiborrando así los despachos judiciales y las cárceles de candidatos o ya destinados a ser condenados y a vivir en ellas hasta por el resto de sus días -y eso que la corte constitucional revirtió al cadena perpetua.

Pero, como ya se dijo antes, esas leyes, obedeciendo a cánones internacionales, brindan “ciertas” garantías a los procesados, que de no cumplirse, el juez los debe dejar libres, que no quiere decir “absueltos”. Así que si empezamos por ahí, los responsables de que no todo sindicado de un delito vaya a prisión, son los autores de las leyes, no quienes las aplican.

Aún así, la cosa va más allá, pues la corte constitucional en reiteradas ocasiones ha llamado la atención sobre el abuso de la medida de aseguramiento en centro carcelario y ha llamado al diseño de una política criminal más preventiva y menos reactiva. Ante esto último, a la clase política se le dañó la señal: no oye.

En consecuencia, la verdadera responsable de la inseguridad y su incremento, no solo en las ciudades sino en todo el territorio nacional, es esa clase política que arraigada en su posición clasista se limita a defender sus intereses llevando a los excluidos a defender los suyos de manera irracional y violenta.

Ante la supuesta coyuntura -que no lo es, por ser un fenómeno estructural-, nadie, absolutamente nadie, responsabilizó a los políticos que no solo son los que hacen las leyes en el congreso, sino los que se encargan de diseñar las políticas públicas, verdaderas causas de la delincuencia, en tanto que las segundas como las primeras no responden a la realidad socio económica y política del país.

Mediante esas políticas y esas leyes que originan inequidad, desequilibrio, hambre, miseria y exclusión, se genera todo un contexto propicio para que la delincuencia crezca cada vez más, y ante la misma se dictan otras leyes draconianas con algunos visos garantistas, que luego a los puritanos -sobre todo “periodistas”- les parecen demasiado laxas y asumiendo un papel de “guardianes” de la moralidad, que ellos mismos se asignaron, se pronuncian cual juez supremo cayendo en lo que -el también periodista- Pascual Gaviria denominó “el sistema radial acusatorio”.

Así pues, primero los políticos crean un Estado y una sociedad desigual, injusta y clasista; luego dictan leyes para que se castigue a quienes se salgan de los cánones establecidos y dentro de ellas dejan ciertas ventanitas de “benevolencia” para simular que estamos en democracia y en un Estado social de derecho que respeta las garantías constitucionales, entre ellas el debido proceso; pero cuando los jueces aplican esas garantías, algunos de esos políticos salen muy indignados a mesarse los cabellos porque no todos los que son presentados ante un juez van a la cárcel.

Eso sí, cuando se trata de uno de ellos, el debido proceso, sobre todo en la presunción de inocencia, es fundamental. Pero además se enferman, se desmayan, para no asistir a las audiencias, y en la mayoría de los casos se les da la prisión domiciliaria por “alto grado de stress”.

Bien acertó Marilyn French ( 1977, p 220) al escribir que “los peores delitos son absolutamente legales”.
Ya para cerrar, hagámoslo con palabras de la misma autora (p. 385) refiriéndose a esa parte de la sociedad que se creé “gente de bien” y que los demás deben estar aislados por ser la Encarnación del mal:
«… de todos modos, cuanto más los encerramos, mayor es el número de delitos, la tasa de suicidios, el índice de desequilibrios mentales. Tal como van las cosas, dentro de poco ellos serán más que nosotros. Entonces te empezarás a hacer preguntas sobre el porcentaje de la población que no está encerrada, aquellos que sostienen que el otro cincuenta y cinco por ciento es demente, criminal o senil».

Jairo Fuentes, prisión de La Dorada, Colombia | 4 de diciembre de 2021.

Dignidades desde la Prisión