UNA DEMOCRACIA CALCINANDO PRESOS

Por Jairo Fuentes | Dignidades desde la Prisión

Las personas privadas de la libertad de la cárcel de máxima seguridad Doña Juana, del municipio de La Dorada (Caldas, Colombia), viven una realidad que los propios presos definen como “horno para humanos”. La situación de hacinamiento y los 45 grados a la sombra hacen de este centro penitenciario un verdadero infierno que los presos apenas pueden paliar mediante rudimentarios ventiladores. Jairo Fuentes, preso en esta cárcel, relata un lamentable incidente relacionado con esta situación y los imprescindibles ventiladores.

20 de marzo de 2022 

Los reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo hecho de que sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente accesibles, hace gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas condiciones, los penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír su voz. Por eso, sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de necesidades que agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana.
(Múltiples sentencias citas en la sentencia T-276/17. Corte constitucional)

Ayer, 15 de marzo de 2022, en horas de la mañana, se efectuó un operativo de registro, por parte del CRI, (Comando de Reacción Inmediata) en el patio 1-B de la Cárcel la Dorada.
Al momento de la apertura de las celdas, se nos hizo salir de las mismas con los ventiladores que veníamos usando para mitigar el calor propio de estas latitudes. Acto seguido, se nos ubicó en uno de los extremos del patio, y fui requerido por una de las dragoneantes del mencionado comando, para que retirara una cuerda de ropa, para despejar esa parte del patio.

Inmediatamente fui abordado por el capitán Ramírez, comandante del operativo, quien me indicó que me ubicara en un mesón para registrar los ventiladores, con el fin de que luego hiciera presencia alguien de la dirección del establecimiento y verificara si estos tenían el permiso correspondiente, o para que se legalizaran. Los demás compañeros del patio fueron requisados policivamente y uno a uno fueron dejando los ventiladores en el sitio donde yo me encontraba, para que registrara quién lo había dejado.
El operativo se siguió cumpliendo sin contratiempo, en mi presencia, hasta que se presentó el inspector Abreo, de la guardia del establecimiento -por demás policía judicial- y me dijo que esos ventiladores quedaban decomisados porque no estaban autorizados.

Yo, previendo que esa situación se presentara tenía a la mano la resolución 3972 de 2021, emanada de la Dirección Nacional del INPEC, que en su artículo 10, numeral 12, autoriza el uso de ventiladores para las cárceles de Valledupar, Girón y La Dorada, legalidad que el mentado cabo desconoció argumentando que el régimen interno del establecimiento contemplaba los ventiladores, pero no de corriente eléctrica, sino de pilas.

Le argumenté que el régimen interno no podía desconocer una resolución nacional, por la jerarquía lógica de las leyes. Mi argumento no fue tenido en cuenta y por el contrario se me opuso una razón técnica: las redes eléctricas del establecimiento no son aptas para el uso de electrodomésticos. Seguí arguyendo que eso no era cierto, porque en más de dos años usando los ventiladores -a pesar de que se hace con conexiones artesanales- no se presentaron cortos ni apagones; argumento éste del citado inspector, en sentido contrario.

Viendo que a pesar de que jurídica y técnicamente yo tenía la razón, pero que esta no valía, me fui por el lado de lo humanitario, y esgrimí lo sofocante del clima durante una noche, en unas celdas con casi nula ventilación natural, pero el inspector siguió pegado de la norma, ante lo cual le refuté que ellos eran muy estrictos en el cumplimiento de la norma, cuando desfavorecía al preso, pero no cuando lo favorecía. Mi interlocutor me sostuvo lo contrario, diciendo que éramos nosotros, los presos, los que teníamos esa práctica.

Entonces, lo reté a que hiciéramos el balance de quién incumplía más la norma, pero el aludido guardó silencio, limitándose a indicarme que hablara con el capitán Juan Ramiro López, comandante de custodia y vigilancia del establecimiento, que para entonces ya había hecho presencia.

El capitán, ante mis argumentos, se dedicó a tratar de exculparse diciendo que eso era una orden nacional, que ya el CRI tenía decomisado los ventiladores y que él no podía revertir lo ya efectuado.
En resumen -de esta parte- los ventiladores fueron sacados del patio sin boleta de decomiso, por lo que no se pudo saber quién era el propietario de cada uno de ellos.
Viendo yo que me fue imposible evitar lo ya narrado, le increpé al capitán López su falta de carácter para asumir la responsabilidad de haber dado la orden del decomiso de los ventiladores, recibiendo de su parte una respuesta tan simple como inútil: listo, listo; fueron sus palabras.

En un momento que los dos capitanes, López -del establecimiento – y Ramírez -del CRI- estaban juntos, me les dirigí para confrontarlos diciéndoles que el uno – Ramírez- me había dicho que los ventiladores los iban a inventariar para legalizarlos, el otro -Lopez- venía a decomisarlos; Ramírez guardó silencio y López se dedicó a responder con incoherentes evasivas.

Por último, mi indignación me llevó a cuestionar nuevamente al inspector Abreo, preguntándole cuál era la obsesión que él tenía por someter a los presos a sufrimientos innecesarios, como en este caso -soportar calor-; que me explicara si eso se lo enseñaban en la escuela penitenciaria u obedecía a alguna frustración que tenía desde niño. Se limitó a repetirme nuevamente que él cumplía con la norma y que si yo tenía alguna queja pusiera la denuncia, ya que él era policía judicial. Le respondí con sarcasmo que yo no iba a caer en esas ridiculeces.

Terminado el operativo, abordé nuevamente al capitán Ramírez para reconocerle su respeto a los derechos humanos y que el CRI últimamente venía comportándose de manera más comprensiva que los guardias de las cárceles. Me ratificó que la orden del decomiso de los ventiladores la había dado el comandante de vigilancia -el mismo López- y que por eso él -Ramírez- se había limitado a dejar los aparatos a disposición de la guardia del establecimiento.

Finalizado el operativo, los demás compañeros fueron regresados al patio y se encontraron con el panorama de todos los ventiladores decomisados. Inmediatamente convoqué a reunión general, narré lo sucedido y propuse entrar en desobediencia civil hasta tanto no fuéramos escuchados por el director, el capitán López y un ente de control como la personería municipal de La Dorada.

A eso del medio día hizo presencia el capitán López con un número significativo de guardia, para descaradamente preguntar cómo estábamos, a lo que me adelanté a responderle que mal, como él nos había dejado: aguantando calor.

Nuevamente se dedicó a exculparse con que él no era responsable de los decomisos, pues la orden de los mismos procedía de Bogotá. Ante tamaña desfachatez, le llovió por parte de muchos compañeros, una andanada de increpaciones sustentándole que él era el que había dado la orden, asunto que nunca reconoció.

A las dos de la tarde, una numerosa delegación del patio se reunió con el director, el capitán y un delegado de la personería, en la que se expuso con más amplitud y por múltiples voces, los mismos argumentos que yo había esgrimido durante el operativo, para intentar retener los ventiladores.
En esta ocasión, encontramos quien nos diera la razón: el director, el personero y, ¡Vaya sorpresa!, el mismo capitán, que hasta entonces había sido reacio.

Ante lo anterior, no me pude contener para arrostrarle al oficial, por qué no me había dado la razón en la mañana y nos hubiéramos evitado tanto traumatismo, como la aguantada de hambre y las discusiones en las que ahora estábamos. Nuevamente silencio.

En conclusión de la reunión, después de muchas consideraciones técnicas y jurídicas, nos quedamos con el compromiso de que la dirección en conjunto con la personería elaboraría un informe respaldando nuestros reclamos, pero también nos quedamos sin los ventiladores, previa advertencia de parte nuestra, que los íbamos a conseguir de nuevo por las vías y de la forma que fuera, así el capitán ordenara nuevamente el decomiso. Eso, aparte de las acciones legales pertinentes por el incumplimiento de la resolución citada al comienzo.

Así las cosas, ahora estamos encerrados en las celdas soportando temperaturas de alrededor de 40 grados, mientras el capitán López y su séquito de guardias que se sacian con el sufrimiento de los presos, deben estar disfrutando de la cena, para luego irse a descansar en un dormitorio dotado de ventilador, después de, en el caso del capitán López, haber despachado desde una oficina con aire acondicionado.

Jairo Antonio Fuentes, representante de Derechos Humanos, Patio 1-B Cárcel La Dorada.
16 de marzo de 2022. 6:30 PM.