La respuesta que nace del territorio chocoano

1 de septiembre de 2026 | Fuente Colombia Informa 

CI.- Más de dos semanas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, las familias del Pacífico chocoano siguen enfrentando viviendas dañadas, estructuras en riesgo y la incertidumbre sobre cómo acceder a las ayudas. Las organizaciones sociales denuncian que parte de esa asistencia no llega a las zonas más alejadas de la capital ni a la población que habita en las cuencas de los ríos.

Quibdó, Chocó

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar (Chocó), dejó en todo el país, según cifras oficiales, 321 personas fallecidas, 4.595 heridas, 194 desaparecidas y 364 rescatadas. El sismo afectó a 15 departamentos y 472 municipios. Los registros oficiales contabilizan 163.884 viviendas dañadas, 31.445 destruidas y 467 edificios colapsados.

En este contexto, Quibdó, la capital departamental, se convirtió en el principal punto de recepción de ayuda humanitaria de la región. El presidente De la Espriella señaló en su tercera visita a la zona que «en el departamento del Chocó murieron 12 personas, 347 resultaron heridas y aún hay tres desaparecidos. Tenemos 3.521 viviendas destruidas y 19.412 viviendas averiadas en este departamento».

El mandatario anunció el 24 de agosto la apertura oficial de la Reconstrucción de la Patria Milagro para el país y un Plan Especial para el Chocó, con el fin de saldar «la deuda histórica que tiene Colombia con este gran departamento de la patria. Esto empieza el 7 de septiembre». «La Primera Dama es la madrina del Chocó y yo soy el abogado defensor del Chocó», añadió.

Estas declaraciones grandilocuentes, acompañadas de agradecimientos al sector privado y citas bíblicas, se produjeron después de una cuestionada segunda visita, en la que llegó a Quibdó repartiendo balones de fútbol con el nombre de su movimiento político, “Defensores de la Patria”, desde una camioneta blindada. Esto ocurrió en un momento en el que miles de familias aún viven la emergencia, en un departamento marcado por la extrema pobreza, la desigualdad social y el abandono estatal.

El pulmón verde de Colombia

Este departamento, a pesar de su enorme riqueza natural, biodiversidad y recursos, arrastra altos niveles de pobreza, desigualdad y déficits históricos en infraestructura y servicios. La población afrodescendiente alcanza el 82 % del total, y la indígena, entre el 13 % y el 15 %.

Además, el conflicto armado que vive el país convierte a esta región en una de las más afectadas por la guerra y el desplazamiento interno, lo que complica aún más la distribución de la ayuda. Muchos de los municipios afectados por el sismo se encuentran en medio de una densa selva tropical, sin acceso por carretera; la ayuda debe llegar por vía fluvial, lo que dificulta y encarece las operaciones de rescate y entrega de suministros.

La ayuda que no llega a todos

En Quibdó, las donaciones y la ayuda llegaron desde diferentes lugares del país, impulsadas por la solidaridad de la sociedad con una de las poblaciones tradicionalmente excluidas de Colombia.

Sin embargo, habitantes de barrios periféricos aseguran que buena parte de esa ayuda se concentró en barrios como Medrano, donde se encuentra la Universidad Tecnológica del Chocó —que sufrió graves daños—, pero no alcanzó las zonas más alejadas, según testimonios recogidos durante varios días de recorrido por distintos sectores de la ciudad junto a voluntarias de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano (REDDHHPAC).

Viviendas destruidas

En las visitas, las huellas del terremoto siguen visibles. Hay viviendas con grietas que atraviesan las paredes, muros parcialmente desplomados y casas vencidas cuyos restos permanecen acumulados en el suelo.

En el barrio Futuro, sector La Paz, Eddie Murillo, tesorera de la Junta de Acción Comunal, pide ayuda y materiales para reconstruir las casas de la comunidad.

Willy es otro vecino cuya casa quedó destruida. Su familia se aloja temporalmente con vecinos: «Cualquier ayuda nos serviría de mucho apoyo», dice.

Otras casas, aunque en pie, tienen las paredes llenas de grietas, humedades y están apuntaladas con guadua, un tipo de bambú muy usado en la construcción.

En el barrio Obrero, sector La Paz, Andrés estima que más de 15 viviendas colapsaron por completo y reclama una respuesta de las autoridades: «Estamos preocupados por esa parte porque nos sentimos abandonados», afirma.

La escuela del sector también resultó afectada y los niños han dejado de asistir a clases.

Eduardo Santos, líder social del barrio Futuro, cifra en 60 las familias que perdieron sus viviendas en ese sector: «Hay personas que quedaron en la calle».

La comunidad necesita materiales para levantar nuevamente las casas, pero también alimentos, colchonetas y elementos para los animales. Santos asegura que han intentado conseguir la presencia de las instituciones y reclama una respuesta de la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional.

La preocupación no se limita a las familias cuyas casas quedaron completamente destruidas. Algunas viviendas presentan daños que podrían agravarse con las lluvias y las crecidas de los ríos. Las comunidades temen que, con el paso del tiempo, resulte más difícil demostrar que ciertas afectaciones fueron provocadas directamente por el terremoto, sobre todo si las viviendas colapsan por el retraso en las reparaciones.

Burocracia, subsidios y reconstrucción

Entre las preocupaciones de los afectados figuran los requisitos para recibir ayudas, especialmente en materia de vivienda. El Gobierno exige que las familias estén censadas en el Registro Único de Damnificados (RUD) para acceder a estos subsidios, pero las comunidades denuncian que no reciben información de las alcaldías sobre las rutas de atención, ni certificados de inclusión en el censo, ni la visita de los técnicos que deben evaluar las viviendas.

La situación se vuelve aún más compleja para las comunidades pobres que viven en asentamientos informales, con casas de madera o bloques de hormigón. El Estado exige que hayan perdido su vivienda o que esta no pueda ser habitable para recibir los subsidios. Sin embargo, muchas viviendas se mantienen en pie con daños ocultos que, con las intensas lluvias e inundaciones propias de la región, terminarán por ceder y derrumbarse.

Muchos vecinos no pueden esperar, pues no tienen dónde vivir, y han comenzado a reparar sus viviendas sin que las autoridades hayan acudido a sus casas.

El temor permanece

A las pérdidas materiales se suma una sensación de inseguridad que persiste entre los habitantes. Las réplicas mantienen a muchas familias en alerta, y algunos vecinos aseguran que aún no distinguen entre los movimientos reales y las reacciones provocadas por el trauma del terremoto.

Una de las mujeres recuerda que estaba cocinando cuando comenzó el movimiento. Las ollas cayeron al suelo y ella salió de la casa buscando un lugar abierto, lejos de los árboles y de estructuras que pudieran caer. Después, describe, quedó desorientada, como ebria, a pesar de no haber bebido nunca.

Otro vecino responde con humor: «El que no toma y el que no baila, ese lunes tomó y bailó». Estas bromas pretenden ahuyentar el miedo a nuevos movimientos y a la posibilidad de habitar o regresar a unas viviendas que ya no consideran seguras.

Resguardos indígenas

Para algunas comunidades de Quibdó, los efectos del terremoto se suman a una situación de vulnerabilidad que se prolonga desde hace más de 20 años. Es el caso de las diferentes etnias indígenas que viven en unos 28 resguardos en los alrededores de la ciudad.

Son víctimas del conflicto armado colombiano, desplazados internos por la violencia, y están condenados a un destierro que les impide regresar a sus hogares, a pesar de las promesas de los diferentes gobiernos colombianos.

Viven en asentamientos informales y subsisten gracias a la pesca o a trabajos informales como repartidores, mineros o artesanos.

Después del terremoto, permanecen en una suerte de confinamiento, a la espera de que las autoridades acudan a evaluar sus viviendas, y denuncian que la ayuda o se guarda en bodegas o se reparte según criterios políticos.

En muchos casos, la ayuda no les llega y, cuando lo hace, aparece en pequeñas bolsas insuficientes para sus necesidades.

Después de 20 años de promesas incumplidas para retornar a sus hogares, no confían en los anuncios de las autoridades respecto al terremoto.

Las afectaciones para estas comunidades son colectivas, como en el caso de la educación: todos los niños y niñas están sin ir a la escuela y, sostienen, la respuesta debe ser también colectiva.

Óscar Carupia, líder embera desplazado por el conflicto armado, explica que su comunidad lleva 16 años desplazada: «Todos estos derechos son vulnerados», afirma al referirse al acceso al agua, vivienda, salud, educación, empleo y otros servicios básicos.

En el Chocó, la región con mayor cantidad de agua y pluviosidad del país, el agua potable es uno de los grandes problemas. La comunidad de Carupia depende del agua de lluvia y reclama desde hace años una solución para el abastecimiento.

Ahora piden agua, alimentos, colchones y materiales para reconstruir las viviendas.

Algunas familias han tenido que dormir en casas de familiares y amigos. «Uno está bien cuando uno está en su casa. Así sea no bien arreglada, pero uno duerme dignamente en su casa», señala Carupia. Vivir en una vivienda ajena, añade, tiene también consecuencias psicológicas.

Respuesta popular y el ejemplo de REDDHHPAC

Ante el desafío de los efectos del terremoto en la región y las dificultades para distribuir ayuda, la respuesta temprana desde el propio territorio ha sido determinante. Un ejemplo es REDDHHPAC, una organización de derechos humanos que mantiene un centro de acopio en la capital desde el que distribuye ayuda humanitaria recibida de ciudades como Medellín e Ibagué.

En diferentes sectores ha distribuido comida, agua, material higiénico y otros enseres para ayudar a las víctimas; también ha organizado ollas comunitarias para alimentar a los afectados.

Además, ha llevado ayuda directamente por vía fluvial a otros municipios, como los situados en la cuenca del río San Juan, y explica la ruta que deben seguir los afectados para reclamar ayudas y subsidios a las autoridades.

Karina Rentería, representante de REDDHHPAC, conoce la problemática de la región, donde esta organización centra su trabajo en las comunidades afroindígenas. Explica que, tras el terremoto, han tratado de acompañar a las comunidades y ayudarles a visibilizar lo que viven, no solo las afectaciones del terremoto, sino también la violencia que han sufrido: «Tener en cuenta sus peticiones para poderlas dar a conocer al mundo. Ahora intentamos conseguir más ayudas para empezar a comprar materiales y definir los lugares más afectados para poder iniciar la reconstrucción».

El recorrido muestra que las catástrofes no desatan necesariamente el caos, sino también la solidaridad, y que la organización popular puede ser más rápida y efectiva que la respuesta estatal.

CI LM/FC/29/08/2026/09:00

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