LA MUERTE DEL WEICHAFE PABLO MARCHANT
Por Guillermo Correa Camiroaga
«Algunas compañeras y compañeros han pretendido relacionar y explicar la muerte del weichafe Pablo Marchant como un hecho que viene a dificultar, entorpecer o “sabotear” el proceso constitucional en curso, pero esta apreciación desconoce absolutamente que la lucha de resistencia y liberación que llevan adelante los sectores autonomistas del pueblo mapuche se viene desarrollando desde hace ya muchos años y nada tienen que ver con los procesos institucionales en curso».
Valparaíso, 11 de julio de 2021
La muerte del weichafe (guerrero, combatiente) Pablo Marchant, integrante de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pone una vez más en evidencia las características contrainsurgentes del Estado chileno. La doctrina de seguridad nacional sigue presente al interior de las Fuerzas Armadas y Policiales, ideología que define como enemigo interno a todos los movimientos sociales, a las luchadoras y luchadores populares que desarrollan una lucha de resistencia y liberación en la defensa y conquista de sus derechos arrebatados, enemigo que, según esta doctrina, debe ser “neutralizado” o derechamente aniquilado.
La militarización del Wallmapu, profundizada durante los diferentes gobiernos civiles de la post dictadura, es la forma más cruda y descarada de la aplicación de esta doctrina contrainsurgente, suavizada mediáticamente con los manoseados conceptos del orden público y el estado de derecho, pero que significa en la práctica la utilización de todo el aparataje institucional y el uso de la fuerza en todas sus expresiones represivas, conferido por el monopolio de las armas que sustenta, para defender los intereses de la clase dominante.
La muerte de Pablo Marchant es una concreta y abierta “declaración de guerra” en contra del pueblo mapuche rebelde, en contra de aquellos sectores mapuche que desarrollan su camino de lucha de liberación por fuera de los espacios institucionales winkas con una clara posición anticapitalista y que buscan expulsar del territorio mapuche a los grandes grupos económicos representados en el Wallmapu por las empresas forestales, las empresas extractivistas y aquellas que depredan y destruyen el medio ambiente. Así lo han manifestado en reiteradas declaraciones sus propios dirigentes y autoridades ancestrales.
El Estado está utilizando, como decía anteriormente, constantemente todo su aparataje institucional para defender los intereses de los grandes grupos económicos, en donde el uso del componente represivo y armado va a depender de la radicalidad de la lucha de resistencia y liberación que decidan utilizar los sectores oprimidos. No debemos cerrar los ojos ante esta situación y características del Estado contrainsurgente que se fue consolidando y materializado desde la dictadura en adelante.
Algunas compañeras y compañeros han pretendido relacionar y explicar la muerte del weichafe Pablo Marchant como un hecho que viene a dificultar, entorpecer o “sabotear” el proceso constitucional en curso, pero esta apreciación desconoce absolutamente que la lucha de resistencia y liberación que llevan adelante los sectores autonomistas del pueblo mapuche se viene desarrollando desde hace ya muchos años y nada tienen que ver con los procesos institucionales en curso.
En entrevista realizada hoy domingo 11 de julio a Héctor Llaitul en la Radio Universidad de Chile, ante la pregunta:
“Los 17 delegados y delegadas de los pueblos originarios en la Convención constituyente sacaron una declaración en donde, te voy a leer textual “los graves hechos conocidos hacen evidente la urgencia de que el país respete y repare los derechos políticos y territoriales del pueblo mapuche y de todas las naciones originarias, como una necesidad ineludible para el proceso constituyente en un Chile plural de pueblos iguales en dignidad y derechos”. Le sumo a eso y le doy un contexto de que hoy se cumple una semana de un acto tan fuerte como simbólico de que sea una peñi (sic) mapuche, Elisa Locón, la que presida la Convención Constitucional. ¿Crees tú que esta acción es una acción, no me quiero adelantar a los hechos, pero si es una acción planificada, pueda ser tan bien una acción en contra de la realización de la Convención Constitucional, para sabotearla?”
Héctor Llaitul entregó la siguiente respuesta:
“No, no, no. Ahí está absolutamente equivocado su análisis, todo lo contrario. Nosotros creemos que la participación en la Convención Constitucional, y cuando le dan realce y visibilización a todas las expresiones que tienen que ver con la vía institucional o de participación en el Estado, son parte de una estrategia de consolidar al sistema capitalista, sobre todo a la hora de confrontar con la causa mapuche.
Es decir, hoy día no solamente con la participación en la constituyente o en la forma que ofrece el Estado se legitima el Estado en sí , a su formato capitalista, colonial, sino que también se busca un tipo de reacomodo o reajuste a la forma de gobernanza, que ha sido un fracaso a la hora de hacerse cargo de las luchas de los oprimidos, no solamente de la causa mapuche sino también de todos aquellos que han sido golpeados por el sistema, es decir los pobres del campo y la ciudad que de alguna manera se han manifestado también en relación al estallido social que conocemos.
Estamos hablando de que se busca con esto hacer como un paralelo de las estrategias, no solamente del Estado capitalista con su política neoliberal en que quiere hacer un sesgo de integración con plurinacionalidad o interculturalidad forzada, falsa, sino también del empresariado. Mininco, por ejemplo, en este caso también trata de convocar a las comunidades con un sesgo mapuchista, con un sesgo de plurinacionalidad, y terminan armando bandas paramilitares a su favor, como se conoció con el caso de Iván Núñez. Entendemos también que el empresariado pretende de alguna manera refundar el capitalismo en el sur pensando que ya no es la vía las forestales, sino que otro tipo de políticas extractivistas por el lado de la agricultura con mayor intensidad u otras propuestas.
Por otro lado se desarrolla esta estrategia en donde se quiere convocar al movimiento mapuche, sobre todo aquel movimiento que más fácilmente se deja arrastrar por voladores de luces o cortinas de humo que se instalan desde el Estado, desde los partidos políticos, partidos políticos que son históricamente y de forma tradicional los representantes del poder de dominación, del establishment de la política hoy día, de la forma política que está al servicio de la burguesía, es decir, tanto de la derecha como de la Nueva Mayoría y cruza hasta el Frente Amplio, ya hay una lógica, un actuar central en querer reproducir el sistema. O sea, ellos pretenden logros políticos para administrar y seguir administrando al modelo neoliberal, para seguir consolidando un tipo de gobernanza neoliberal, y ahí arrastran de alguna manera a expresiones como supuestos representantes nuestros que se presentan ahí bajo la figura de dirigentes que nosotros incluso cuestionamos, porque nosotros al menos no los hemos visto en el Movimiento Autonomista. Y es una forma también de entender que pasan a ser parte de esta estrategia que confrontan con la causa mapuche.
O sea, si por un lado tenemos la acción del Estado militarizando el Wallmapu, profundizando las políticas del terrorismo de Estado, y por otro lado el empresariado que pretende a toda costa hacer una relación supuesta de comunidad y capital, reproduciendo el capitalismo a ultranza, el capitalismo salvaje en nuestros territorios ancestrales, y por otro lado la convocatoria o la cooptación que hacen de este movimiento ya que ha bajado la guardia, ha bajado los brazos a la hora de las reivindicaciones sustanciales que tienen que ver con territorio y autonomía para la nación mapuche.”
Los caminos institucionales de la Convención Constitucional son definidos por muchos compañeros y compañeras rebeldes como una especie de “revolución” que nos llevará a terminar con todo este estado de cosas, pero por mucho que se redacten hermosas y enérgicas declaraciones e incluso se logre escribir una Constitución en donde queden plasmadas las aspiraciones de las grandes mayorías, estas se convertirán solo en letra muerta si no se tiene en cuenta lo anteriormente expresado. Para poder llevar a la práctica lo que se escriba en la nueva Constitución se requiere mucho más que buenas intenciones.
Es necesario plantearse en forma clara el cómo conseguir el poder en todos los planos para que desde esa posición se pueda implementar una verdadera Asamblea Constituyente Soberana con participación activa del pueblo. En el proceso constitucional en curso, espacio institucional que no debemos olvidar fue concedido y delimitado desde las esferas del poder, se podrá avanzar y reformar muchos aspectos del actual modelo, pero no se terminará con dicho sistema como muchas y muchos compañeros manifiestan. Este camino constitucional emprendido lo más probable es que solo retarde el proceso de organización y de acumulación de fuerzas necesarias para que el Movimiento Popular pueda transformarse en una verdadera alternativa de poder que se oriente a terminar con el sistema capitalista, patriarcal, colonial y contrainsurgente existente.