ENTREVISTA A JULIÁN GIL. PRESO POLÍTICO EN COLOMBIA
Entrevista realizada en colaboración de Vocesenlucha con el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
«En Colombia es un delito ser defensor de derechos humanos, maestro, sindicalista o líder social. Y tiene una razón de ser: llevamos décadas gobernados por la lógica terrateniente y paramilitar»
Desde la cárcel La Picota en Bogotá, Julián Gil, acusado de participar en acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), afirma ser víctima de un montaje judicial y relata la situación carcelaria vivida durante las recientes protestas de los presos debidas a la llegada del coronavirus. Unos cacerolazos que en la cárcel La Modelo de Bogotá fueron silenciados con una masacre de 23 internos. Tras los hechos las autoridades, en lugar de investigar los sucesos, se escudan en un pretendido intento de fuga masivo.
Julián Gil es un referente comunitario del Movimiento Quinua, que hace parte de Congreso de los Pueblos, y actualmente se encuentra privado de la libertad en prisión preventiva en la cárcel La Picota de Bogotá, a expensas de que continúe un proceso que, como suele ocurrir en estos casos, se dilata en el tiempo. Esta entrevista fue realizada a principios de abril de 2020 y publicada en El Salto
¿Cómo es la situación en las prisiones colombianas y en qué medida les está afectando la llegada del covid19?
El sistema penal acusatorio que tenemos permite encarcelar sin pruebas y hay un hacinamiento de casi el 54 %. Hay cárceles donde conviven cinco o seis personas por celda, durmiendo en pasillos, colgadas del techo. Situaciones bien complejas que afectan a la población privada de libertad que asciende a 123.000 personas, cuando la capacidad de las cárceles del país no supera los 80.000. En este momento con el anuncio del coronavirus y la pandemia mundial las personas privadas de libertad estamos en riesgo, no hay espacios de sanidad, ni mecanismos de atención a ningún tipo de enfermedad. Un ejemplo es que nos enfermamos muchísimo por gripa, dado que no hay suficiente ventilación en este lugar, que es una estructura tipo ERON [por sus siglas Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, que son pabellones de alta seguridad]. No hay ni médicos ni enfermeras porque éstos hacen rondas por turnos en el complejo y no dan abasto. No hay medicamentos para atender una gripa. Ahora aumenta el pánico y la preocupación de la gente al no haber capacidad médica para atender una situación humanitaria de este talante. El Coronavirus se suma al hacinamiento, falta de garantías de derechos básicos como la salud, al debido proceso y agudiza el malestar.
La madrugada del sábado 21 al domingo 22 de marzo hubo una masacre de presos en la cárcel Modelo de Bogotá, el Gobierno colombiano afirmó que se trataba de un intento de fuga del penal y el Movimiento Nacional Carcelario de Colombia que fue una represión desproporcionada de una protesta convocada previamente.
Diferentes organizaciones habían convocado para esa noche un cacerolazo como un gesto pacífico para llamar la atención de la sociedad y Estado. El cacerolazo fue una expresión de denuncia sobre la situación humanitaria en las cárceles, dado el hacinamiento, el abandono del Estado y de la indiferencia de la sociedad. Una protesta en que la gente quiere llamar la atención de los vecinos del barrio, pero no solo, quieren ser escuchados más allá. ¿Cuándo se descontrola? Cuando el Estado da un tratamiento de guerra a la movilización y no quiere entender los problemas y ataca con fusiles a personas que no tiene armas en las manos.
En Colombia es un delito ser defensor de derechos humanos, maestro, sindicalista o líder social. Y tiene una razón de ser: llevamos décadas gobernados por la lógica terrateniente y paramilitar
Eso es una violación del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos (DDHH). Igual en la cárcel de Cúcuta, donde unos días después han asesinado ─que sepamos nosotros─ a otras dos personas por disparos de fusil del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario). La ministra de Justicia [Margarita Cabello] sale a hacer declaraciones ante los medios y dice que había un plan de fuga. Pero esto se cae por su propio peso, porque no hay posibilidad de planear un plan al unísono en las múltiples cárceles del país.
En este momento, se debe resolver la crisis humanitaria que viven las cárceles ante esta pandemia que se nos viene a la gente que vivimos aquí adentro.
¿Qué riesgo hay de que se vuelvan a repetir estallidos semejantes durante esta emergencia sanitaria y se cometan nuevas masacres?
Lo que está en juego ahora es un plan de vida. Las personas que estamos privadas de la libertad queremos vivir, no fugarnos. Queremos que se nos respete la vida.
Además de las personas asesinadas las autoridades trasladaron personas que presumen coordinaron este cacerolazo y esa “fuga masiva”. En mi cárcel trasladaron cerca de 25 personas y en el Buen Pastor cerca de 10 mujeres a la cárcel de la Picaleña, que es una cárcel de castigo.
Después de la represión las autoridades declararon la emergencia carcelaria, que era una de nuestras solicitudes, pero esta medida no busca atender la emergencia humanitaria en la que nos encontramos. La posibilidad de que se continúe con expresiones de este tipo es inevitable, va a continuar porque al interior puede darse un contagio masivo ante la insalubridad y la falta de atención médica.
Volviendo a su caso. Usted no es el único preso político perteneciente a movimientos sociales. ¿Son habituales las detenciones hacia líderes sociales?
En el país nos enfrentamos a los montajes judiciales. En el CDP hay más de 62 personas sometidas a procesos judiciales. Conmigo en la Picota hay tres compañeros acusados. Nosotros nos denominamos falsos positivos judiciales por las semejanzas con los falsos positivos, jóvenes asesinados en todo el país por el Ejército presentándolos como guerrilleros dados de baja en combate; en nuestro caso, ante la demanda de resultados por parte de la Fiscalía. Entendemos que es una estrategia para amedrentar al movimiento social, golpear la propuesta popular y acallar las voces de la gente que está inconforme.
¿Por qué ser líder social es un delito en Colombia?
En Colombia es un delito ser defensor de derechos humanos, maestro, sindicalista o líder social. Y tiene una razón de ser: llevamos décadas gobernados por la lógica terrateniente y paramilitar. Esta lógica ha mermado los derechos de todas en el país. Hoy los líderes sociales representan la defensa de las comunidades en sus regiones y barrios y eso supone un grave riesgo para los intereses de los monopolios, multinacionales y los que gobiernan en este momento.
¿En el momento de tu detención qué papel tenías en el Congreso de los Pueblos (CDP)?
En los dos últimos años (2016-2018) participé como secretario técnico y en las comisiones internacional, de formación y economía. Desde que tengo recuerdos de mi vida he estado en procesos sociales. Estuve en el seminario de los misioneros claretianos en Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Bogotá, aprendiendo del trabajo de base y popular. Luego en la Corporación claretiana Norman Pérez Bello, muy comprometido con el tema de los derechos humanos. Mi trabajo ha estado siempre del lado de las causas comprometidas y poblaciones violentadas, marginadas y olvidadas. Como licenciado en filosofía, mi vocación ha sido el servicio y la educación. Aportando desde las manos que aprenden, los ojos que ven, los oídos que escuchan. Desde la humanidad misma que me acompaña como parte del Congreso de los Pueblos y como cristiano comprometido.
¿Cómo ha sido el respaldo dentro y fuera de Colombia hacia este tipo de prisioneros?
Dentro del país muy positivo. Como dije anteriormente siempre he participado en espacios de base y por ello he sido respaldado por buen número de compañeras y compañeros de espacios veredales, organizaciones campesinas y de maestros.
Internacionalmente he recibido apoyo de organizaciones y movimientos sociales de Latinoamérica, Europa y EE UU gracias a que participé activamente en espacios como el Alba de los Movimientos Sociales y Juventud en lucha, quienes ahora elevan la voz de los que somos prisioneros de un gobierno que pretende acallarnos.
En Europa se piensa que Colombia es una democracia. ¿Puede permitir una democracia semejantes actuaciones?
La imagen proyectada de Colombia siempre ha sido la adecuada a que las multinacionales vean una oportunidad de invertir su capital. Hemos vivido un proceso de pacificación permanente donde los pueblos han sido sometidos a los intereses del Estado. Lo que significa un arrasamiento de los territorios, donde las personas que son dueñas de un pedacito de tierra han sido despojadas en beneficio de multinacionales como hidroeléctricas y extractivistas que arrasan con el oro, petroleo, carbón, coltán…
Como en mi caso, muchísima gente se enfrenta a judicializaciones y duras condenas por haber pensado y soñado un país distinto. Desde hace años quieren acabar con el movimiento social
En Colombia no existe democracia real, no se respeta la Constitución, hay un gobierno fascista que desconoce los acuerdos sociales. Nuestras luchas defienden los derechos básicos y fundamentales, acuerdos internacionales de convivencia y respeto a la vida. Hay que recordar que mucha gente ha dado su vida por sus ideas, defendiendo la libertad de expresión y pensamiento. Al gobierno hay que decirle constantemente que nos respete la vida porque todo el tiempo nos están asesinando, masacrando a nuestra gente, a la gente que ha sido empobrecida por el sistema.
Estos casos nos recuerdan al de otros presos políticos en países. ¿En qué medida estas judicializaciones se utilizan para criminalizar los movimientos populares?
Buscan romper el movimiento social y sembrar el miedo en la gente que se organiza, en los estudiantes, en las amas de casa que mantienen en silencio tanto sufrimiento. Estas detenciones buscan, precisamente, que reine la injusticia, el gobierno de la economía y de los intereses privados.
Llevamos dos años defendiendo mi inocencia desde cárcel, no hay pruebas que demuestren la acusación. Y así como en mi caso, muchísima gente se enfrenta a judicializaciones y duras condenas por haber pensado y soñado un país distinto. Desde hace muchos años quieren acabar con el movimiento social y las expresiones organizativas.
¿Existen iniciativas, peticiones o cartas de liberación colectiva, para los presos políticos en estos momentos?
El Congreso de los Pueblos apoyó con un comunicado en el que menciona a los compañeros de Casanare, Arauca y mi caso, solicitando nuestra liberación. Ninguna cárcel en Colombia tiene la capacidad de atender el coronavirus y si nos dejan aquí en la cárcel nos estamos enfrentando a la pena de muerte. Además, la represión se incrementa porque los guardias y la policía se desespera y reprime de forma violenta cualquier expresión o reclamo que nosotros hagamos.
Todos los que soñamos un mundo y humanidad distintas debemos caminar por abolir las cárceles. No es un lugar donde se aprenda ni a ser humano ni democrático
¿En qué has cambiado desde que estás en la cárcel?
Me hecho más viejito (entre risas). He podido escuchar de primera mano muchas historias, de personas que han participado en el conflicto armado y sus argumentos y razones, también a los muchachos que están aquí por robar un celular o en una tienda para comer. He cambiado bastante la forma de ver el mundo. La cárcel cumple la labor de distanciarnos de nuestra familia y los seres que amamos y queremos. Como decía un compañero de celda que tuve en algún momento, la cárcel es un espacio que termina siendo un filtro por el que a veces solo pasan pequeños haces de luz, que son la familia, los amigos, los que han decidido quedarse con nosotros y acompañarnos. La cárcel no sirve para nada, es una nefasta invención de la humanidad; no pasa del castigo y del sufrimiento. La gente no cambia para bien en la cárcel. Definitivamente, todos los que soñamos un mundo y humanidad distintas debemos caminar por abolir las cárceles. No es un lugar donde se aprenda ni a ser humano ni democráticos. Es un espacio donde en el que los muros, el aislamiento, los castigos, las esposas, el gas pimienta, van deshumanizando a la gente; y esa es justo nuestra lucha: pelear contra la deshumanización y mantener la humanidad en contra de ese macabro plan de eliminarnos como seres humanos.
La cárcel, ¿cómo afecta a su salud? ¿Cómo se siente a nivel físico y psicológico?
Uno se deteriora físicamente poco a poco porque la alimentación es muy mala, llega cruda, mal cocida a los patios, y no se cumple con los mínimos de proteínas, cereales, vitaminas, frutas… Sobra decirlo, me imagino que en otras partes del mundo es así o peor, pero aquí nos debilitamos físicamente en ese sentido. Psicológicamente me mantengo fuerte porque tengo el acompañamiento de mi mamá, de mis sobrinos, y de muchos compañeros como mis hermanos del proceso popular Quinoa, este cariño hace que uno no decaiga.
¿Cambiarías alguna cosa de las que hiciste antes de entrar en prisión?
Siempre dediqué mucho tiempo a los procesos populares, regularmente estaba ausente de los encuentros familiares. Cambiaría eso. Si sobrevivimos a este coronavirus, a esta represión, dedicaría más tiempo a mis sobrinos, a mi familia, a mi mamá.
Aquí no había, como se ha dicho, ningún plan de fuga, que aquí lo que hay es un plan de vida. La gente ha dicho a grito herido, con la puerta y con la cacerola en la mano, “queremos vivir”
¿Cómo es la relación de los presos políticos con los sociales? ¿Surgen iniciativas comunes o cambios en su entorno común?
Es importante señalar que ya no existen patios separados entre políticos, sociales y paramilitares. En estos momentos estamos juntos en patios de convivencia. Los presos políticos del ELN, las FARC o del movimiento social, como yo, buscamos la mejor forma de organizarnos, empezando por respetar los espacios y favoreciendo la comunicación. Con los presos sociales se han entablado espacios de construcción conjunta y diálogo. Con el Comité de Presos Políticos (CPP) hemos construido un espacio de formación en derechos humanos para defendernos. Y con el Equipo Jurídico Pueblos, y algunos profesores de la universidad Pedagógica y la Fundación Pasos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, construimos una cátedra a la que asisten más de 60 personas. Estos escenarios de formación y de compartir, de escuchar la palabra del otro, de percibir su sentir, su profundidad en las reflexiones que se hacen, nos ha permitido canalizar propuestas al exterior para dignificar y respetar a los presos. También nos articulamos con el Movimiento Nacional Carcelario, una expresión organizativa que hace 20 años los presos y presas decidieron construir y que estuvo un poco en abandono durante el proceso de paz con las FARC, pero en este momento en que se ha recrudecido la forma de represión esta herramienta organizativa se ha retomado y nosotros participamos humildemente ahí como buenos oidores e interpretadores de la situación para proponer cosas.
Para ir finalizando, ¿En qué situación procesal está su caso? ¿Cuál es el objetivo de la Fiscalía
Estamos en etapa de juicio después de las audiencias preparatorias. La próxima audiencia es el 24 de abril y esperamos poder continuar, que no le haya dado Coronavirus a la fiscal y podamos continuar defendiendo con dignidad la verdad, el derecho a organizarse y a ser crítico con lo que pasa en el país y en el mundo.
¿Qué quieres decir a quienes siguen tu caso?
Agradecerles mucho y decirles que aquí no había, como se ha dicho, ningún plan de fuga, que aquí lo que hay es un plan de vida, donde la gente ha dicho a grito herido, con la puerta y con la cacerola en la mano, “queremos vivir”.
Agradezco de corazón que se solidaricen con mi causa, que es la causa de miles de millones de personas en todo el mundo, la causa de la justicia, la humanidad y la verdad. Unas palabras que me surgen compartir con ustedes es que debemos estar siempre adelante defendiendo la alegría y la esperanza.
Entrevista realizada en colaboración de Vocesenlucha con el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
Entrevista publicada en El Salto