LA DEFENSA DE LA VIDA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS NO SON CRÍMENES
Por Congreso de los Pueblos
«Alertamos al país, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, al movimiento social y popular, a los partidos políticos y a la comunidad internacional ante una posible detención y judicialización de la compañera. Igualmente, hacemos responsable al gobierno nacional ante cualquier situación que deje en riesgo su vida e integridad».
Colombia vive una ofensiva contra la vida digna por parte de los mecanismos del Estado al servicio del gran capital. De nuevo, el movimiento popular sufre su asedio. La organización Congreso de los Pueblos en los últimos años viene padeciendo una persecución sistemática contra sus líderes, defensoras y defensores de la vida y los territorios. En este caso, la dirigente y ambientalista Erika Prieto, a quien desde Vocesenlucha pudimos acompañar en Colombia, documentando su extraordinario trabajo de defensa de las más humildes, es víctima de una "amenaza de privación de libertad", como expresa el comunicado del movimiento, que alerta a la comunidad internacional y pide su solidaridad, ante una "posible detención y judicialización de la compañera". La criminalización del pensamiento crítico y la organización social y popular en Colombia es el pan nuestro de cada día. Desde nuestra posición internacionalista de acompañamiento a los movimientos populares latinoamericanos, mostramos toda nuestra solidaridad con la defensora Erika Prieto y con un movimiento referente en la Región como Congreso de los Pueblos, que aglutina organizaciones territoriales del campo y la ciudad: pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres y otros sectores sociales y populares de Colombia. Compartimos a continuación el comunicado al respecto de Congreso de los Pueblos. Colombia | 19 de Marzo de 2020 | Fuente: Congreso de los Pueblos
Al genocidio que se ha incrementado durante este gobierno autoritario se suman el desastre por el manejo de la pandemia y la crisis humanitaria, que dejan un panorama con más de 60 mil muertos, una economía para el beneficio del sector bancario y empresarial, el escalamiento de la guerra, el incremento del acción paramilitar, el terrorismo de estado, el asesinato sistemático de más de 1200 líderes y lideresas sociales en los últimos cuatro años y el asesinato de más de 254 firmantes del proceso de paz.
En ese contexto, el gobierno de Iván Duque afianza su política de persecución y exterminio a la oposición política y a los procesos que construyen alternativas de país en los territorios. El uso de prácticas sociales genocidas no solo se enfoca a la eliminación física del liderazgo social y popular, sino en la combinación de modalidades como la amenaza, el desplazamiento, el atentado, la criminalización, judicialización y encarcelamiento, entre otras acciones orientadas a la aniquilación parcial o total de los procesos organizativos que, en los territorios, resisten ante la imposición de un modelo neoliberal de muerte y despojo.
Como movimiento social y político, venimos denunciando desde hace varios años el ataque directo y sistemático contra los procesos en todo el país, a través de la judicialización y pérdida de la libertad de los liderazgos regionales y nacionales. Desde el 2002, el uribismo y la mafia construida en las propias bases del Estado ha perseguido y encarcelado a más de cien líderes y lideresas sociales y ha judicializado a más de 250, muchos de ellos con procesos penales vigentes. Hemos denunciado estos montajes judiciales y el abuso del aparato de justicia; sin embargo, esta práctica genocida no para, por el contrario, los organismos de control y defensa de los derechos humanos no cumplen su función de ser independientes del gobierno ni de ser garantes de los derechos de las comunidades; tal y como sucede con la Fiscalía General de la Nación, que actúa como un apéndice del gobierno nacional y se mueve bajo sus políticas de represión y criminalización al movimiento social y popular.
En este escenario, continúan las agresiones a nuestro movimiento, que ha padecido en los últimos tres meses la detención y judicialización de seis de sus más importantes líderes regionales y, ahora, afronta una amenaza de privación de la libertad de una de las más destacadas y comprometidas activistas de Derechos Humanos, lideresa social y popular, ambientalista y dirigente del Congreso de los Pueblos, la compañera Erika Isabel Prieto Jaime, quien ha sido una permanente defensora de la vida, los territorios y es reconocida por su participación comprometida durante más de una década en los procesos de movilización del país.
Alertamos al país, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, al movimiento social y popular, a los partidos políticos y a la comunidad internacional ante una posible detención y judicialización de la compañera. Igualmente, hacemos responsable al gobierno nacional ante cualquier situación que deje en riesgo su vida e integridad. Llamamos a sumar voces para exigir al Estado colombiano que cese la persecución a las organizaciones y brinde las garantías para seguir buscando un país para la vida digna
SER LÍDER O LIDERESA SOCIAL NO ES DELITO
Congreso de los Pueblos
Fuente: congresodelospueblos.org