“Cártel del despojo” y acumulación por desposesión en el Pacífico mexicano

28 de mayo de 2026 | Fuente: AraInfo

Pobladores originarios de Santa María Huatulco y San Pedro Pochutla denuncian un proceso sostenido de despojo territorial, amenazas armadas y criminalización judicial durante sendos encuentros con el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (CODEPO) y el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), donde compartieron públicamente sus testimonios y exigieron justicia.

Los participantes se identificaron como familias que han vivido por generaciones en la zona costera, dedicadas principalmente a la pesca y la agricultura.

Playa Coyote, la historia de una expropiación que nunca terminó.

Antes de llegar a Playa Coyote, en la Bahía de San Agustín, a ambos márgenes del camino se pueden ver edificios en estado de abandono, accesos cerrados con cadenas y plantaciones que están muriendo por falta de riego; son las fincas de las que fueron despojados con amenazas y a la fuerza las personas con las que nos encontraremos gracias a Patrocinio Martínez y Kristal Jiménez, integrantes de CODEPO, que vienen desde Oaxaca para asistir a una reunión con los principales líderes e integrantes del este movimiento que se opone a un conflicto de turistificación que se remonta a 1984. El gobierno federal del Presidente Miguel de la Madrid expropió aquel año amplias zonas del municipio de Santa María Huatulco bajo el argumento de utilidad pública para desarrollar proyectos turísticos, lo hizo justo el día después de su declaración oficial como tierras ejidales.

Como el sistema ejidal establece el usufructo inalienable de las tierras por parte de la comunidad y su administración colectiva por la asamblea de los comuneros, un decreto presidencial del 29 de mayo de 1984 expropió toda la parte costera del municipio, por causa de interés público. Una franja de 21.000 hectáreas, casi 35 kilómetros de costa y las nueve bahías pasaron del régimen comunal al dominio federal, permitiendo el desarrollo de los proyectos turísticos. El decreto implicó el desplazamiento de los pobladores asentados en la parte costera del municipio. Aquel proyecto se concretó en zonas hoteleras como Tangolunda y La Crucecita; otras comunidades, como la de Playa Coyote, permanecieron habitando unos territorios que hasta la expropiación eran de uso común, gracias a la resistencia social que se generó en aquel momento, la cual no estuvo exenta de muertos y encarcelamientos por la represión consiguiente. Sin embargo, la expropiación dejó a los habitantes en una situación jurídica vulnerable, aunque conservaron la posesión física de sus tierras, los documentos comunales sobre los que justificaban la tenencia de sus tierras perdieron validez legal.

Durante más de tres décadas, las comunidades mantuvieron la posesión de sus fincas y acuerdos internos para respetar límites territoriales y continuar su vida comunitaria. No obstante, en los últimos años la expansión de megaproyectos, carreteras y desarrollos turísticos ha intensificado procesos de gentrificación y turistificación en la costa oaxaqueña.

El Gobierno mexicano de la Cuarta Transformación (4T) del partido Morena (Partido Movimiento de Regeneración Nacional) lanzó una serie de megaproyectos, primero durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo declarado de salir del rezago económico y social y favorecer el bienestar de la población del istmo de Tehuantepec. Esta es la región más angosta de México, ubicada entre el océano Pacífico y el Golfo de México, incluye los estados de Oaxaca y Veracruz, colindando con Chiapas y Tabasco.

Al ser la zona de separación más estrecha entre ambos océanos en Norteamérica la ha posicionado como una ruta clave para el comercio y el transporte. Los proyectos de corredor Interoceánico (Proyecto Transístmico) para potenciar el comercio mundial conectando principalmente los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz), así como la modernización de la línea ferroviaria, carreteras, aeropuertos y el establecimiento de Polos de Desarrollo para el Bienestar (polos industriales) a lo largo de la ruta han traído adicionalmente la turistificación y gentrificación masiva y una intensificación del despojo de las comunidades.

“Llegaron diciendo que todo era suyo”

Este despojo puede proceder de la autoridad o personajes que se apoyan en grupos paramilitares y el crimen. Este último es el caso de Playa Coyote, donde los testimonios coinciden en ubicar el inicio del conflicto reciente hace aproximadamente cinco años, cuando un hombre identificado como Israel Carreño Morales comenzó a presentarse como propietario de los terrenos.

Una integrante de la comunidad recuerda su sorpresa cuando vino acompañado de gente armada:

“Venía diciendo que estas eran sus tierras y nosotros jamás lo habíamos visto. Son terrenos donde nacimos, donde sembramos y vivimos toda la vida

“Las tierras legalmente siguen siendo federales, pero quienes las han cuidado y trabajado son las comunidades”, señalaron otros integrantes del comité.

De acuerdo con los entrevistados, llegó acompañado de personas armadas y respaldado por autoridades locales, situación que generó miedo entre los pobladores. Aunque expresaba que eran sus tierras nunca ha exhibido título de propiedad alguno y, además, no es de Oaxaca ni antes de que se presentara reclamando las tierras lo habían visto por el lugar.

Las familias aseguran que sus tierras cuentan con cultivos de más de 30 años, evidencia del tiempo que llevan habitándolas y cuidándolas.

“Una palma de coco tarda hasta quince años en producir. Nosotros tenemos plantas que llevan décadas ahí. ¿Cómo alguien puede llegar de la noche a la mañana a decir que todo le pertenece?”, expresó otro comunero.

Amenazas, desalojos y casas abandonadas

No olvidan cuando Israel les convocó a una reunión a la que llegó altanero, acompañado de personas armadas y amenazando. En la asamblea la gente local se retiró diciendo que no había nada que discutir con él. Desde entonces fue amenazando a cada uno individualmente.

Según narró otra pobladora hasta su casa llegaron hombres armados y le exigieron abandonar el lugar. “Nos dijeron que saliéramos a la buena o a la mala. Mis nietos empezaron a llorar. Ese mismo día tuvimos que salir y hasta hoy mi casa sigue abandonada”, señala.

La mujer explicó que su familia vivía del abastecimiento y venta de agua obtenida de pozos propios, además de actividades agrícolas y pesqueras. Tras el desalojo, tuvieron que mudarse a la vivienda de su hija en la Bahía de San Agustín para comenzar nuevamente.

Otros asistentes denunciaron que alrededor de 80 familias podrían resultar desplazadas si continúan los procesos de despojo protagonizados por estructuras que denominan “Cártel del despojo”, integradas por personas ajenas a la comunidad, “para que cuando tú quieras denunciar no puedas encontrar el hilo y ver cómo denunciarlo”.

Criminalización y denuncias penales

Los pobladores señalaron que, al resistirse a abandonar sus terrenos, varios integrantes de la comunidad fueron denunciados penalmente por delitos como despojo agravado y amenazas.

Ernesto Chávez Ramos, conocido como Neto, relató que fue detenido sin previo aviso mientras transportaba pescado para vender. “Me detuvieron como si fuera un delincuente peligroso. Nunca hubo diálogo, solo amenazas”, explica.

El día de su detención fue el hijo de Israel quien identificó a “Neto” ante los policías escondidos -al que ni siquiera conocían- que le detuvieron cuando éste se dirigía a vender la pesca del día y que dejaron abandonada en el camino.

Cuando Neto cayó en la cárcel toda la comunidad salió organizada a exigir su libertad y fue gracias a esa movilización que lo sacaron, recuerda Patricio.

Neto permanece bajo proceso legal tras obtener libertad bajo fianza gracias al acompañamiento de organizaciones sociales como CODEPO.

Integrantes del comité sostienen que las denuncias penales surgieron después de que la comunidad resistiera físicamente los intentos de desalojo. También denunciaron tentativas de soborno a autoridades comunitarias para firmar documentos que acreditaran la propiedad de los terrenos.

Miedo y ruptura comunitaria

La presencia de personas armadas durante los conflictos, y la judicialización de los opositores al despojo, provocó temor entre los habitantes, lo que debilitó la organización colectiva.

“Cuando ves gente armada junto con la policía, la gente se asusta y se abre”, explicó un participante.

Aun así, un grupo reducido de familias continúa defendiendo el territorio y regresando a sus parcelas cuando les es posible, pese al riesgo de nuevas denuncias o agresiones.

Entre el turismo y la supervivencia comunitaria

Los entrevistados insistieron en que su lucha no busca riqueza económica ni desarrollo turístico privado, sino recuperar sus fincas y la permanencia en el territorio donde han construido su vida. “Nosotros vivimos de la pesca y del campo. No queremos hacernos millonarios; queremos que este lugar siga siendo como siempre ha sido”, señalan.

Para los habitantes de Bahía de San Agustín y Playa El Coyote, el conflicto representa algo más profundo que una disputa legal: simboliza la confrontación entre el modelo turístico internacional y la supervivencia de comunidades históricas del Pacífico mexicano.

Por su parte, la comunidad ha denunciado al propio Israel por los delitos de amenazas y despojo agravado. Después de un año reclamando por estos delitos, el Juez ha dictado medidas que no le permiten acercarse a ellos y a los testigos. Sin embargo, es su hijo el que periódicamente recorre los terrenos y se jacta, según cuentan, de sus relaciones con las autoridades y se burla de ellos en un intento de provocarles.

Sin embargo, la comunidad de Playa Coyote no confía su destino a las denuncias. En ocasiones anteriores, interpusieron una por la destrucción de los manglares ante las autoridades de medio ambiente para ganar más terreno de playa y a pesar del interés inicial de los funcionarios que llegaron al lugar, finalmente “la carpeta” se perdió y la destrucción permanece impune.

Por eso los habitantes de Playa Coyote confían mas en la movilización para visibilizar la situación y continuar la defensa del territorio, mientras las familias afectadas esperan una resolución que les permita recuperar sus hogares y garantizar su permanencia en la costa oaxaqueña

El caso de Don Miguel en Playa Salchi

Miguel Sánchez Hernández, conocido como Don Miguel, es un anciano de 88 años que recibió en herencia de su abuelo la posesión de unas tierras comunales en Playa Salchi, otra zona costera próxima perteneciente a San Pedro Pochutla, y que se promociona como destino paradisíaco que ofrece una experiencia de playa única y memorable.

Llegó a vivir con su abuelo Salvador a la edad de ocho años y este le dejó en herencia aproximadamente 28 hectáreas de terreno. En este momento solo le quedan 12 hectáreas después de diferentes engaños y usurpaciones de las que ha sido víctima. Don Miguel resiste gracias a una pequeña tienda donde vende refrescos y productos básicos. Debido a su edad y a las amenazas recibidas rara vez abandona su casa y su hija, quien vive fuera de la comunidad, evita visitarlo por temor. En las proximidades han edificado numerosas viviendas para uso turístico y un hotel intervenido por la Fiscalía General de Oaxaca por las irregularidades denunciadas en su construcción.

Entre los despojadores Don Miguel señala a David Ortega de Valle -funcionario de la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Oaxaca- de sustraerle sus tierras mediante engaños ya que apenas sabe leer y escribir. Aunque inicialmente la transmisión fue de palabra, asegurandole David que iba a trabajar los terrenos durante 10 años pero sin cambiarlos de nombre, posteriormente Valle Ortega formalizó la tenencia mediante la ayuda de funcionarios como el entonces Comisariado de Bienes Comunales, consiguiendo vender a terceros, incluyendo extranjeros, parcelas sin ser propietario legítimo.

El conflicto no se limitó a disputas legales. Los despojadores incluso utilizaron la violencia, cuenta haber sufrido constantes amenazas, intimidaciones con machetes, cortes de luz y hostigamiento durante años; hombres armados dispararon contra su vivienda y a principios de este año sufrió la demolición de una edificación ubicada junto a su vivienda por parte de un hombre armado, delante de elementos policiales que no hicieron nada para detener a los agresores a pesar de la existencia de unas medidas cautelares que impiden actuar sobre los terrenos. También denuncia la ocupación irregular de espacios cercanos a la playa, incluyendo construcciones que invaden la zona federal costera para ampliar las instalaciones del hotel construido igualmente dentro de los terrenos objeto de disputa.

Procesos legales y organización comunitaria

Don Miguel ha recurrido a asambleas comunitarias y procesos judiciales para defender sus derechos. Señaló haber ganado una asamblea agraria donde se reconoció su propiedad; sin embargo, asegura que los conflictos continúan debido a nuevos intentos de repetir decisiones comunitarias y mantener las ventas irregulares.

Indicó que gracias al acompañamiento físico y movilizaciones populares de organizaciones como el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) en el que participan el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS) y el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), ha podido denunciar las amenazas en su contra y recibir recientemente el apoyo de la Fiscalía.

En la visita a Don Miguel asisten dos integrantes de CODEDI. En 2018, Abraham Hernández González, coordinador regional del Comité en la comunidad de Salchi fue asesinado después de ser secuestrado por hombres vestidos con ropa militar, unos meses antes tres de sus compañeros de la Sierra Sur, incluido un menor de edad, fueron asesinados en una emboscada. En 2019, Fredy García de la comisión política de CODEDI fue detenido y encarcelado durante 2 años y 7 meses por participar en una manifestación para exigir justicia por el asesinato de compañeros de la organización, siendo liberado tras retirar la Fiscalía los cargos.

Un conflicto sin resolución definitiva

Estos conflictos sociales en la geografía costera del Pacífico mexicano son la continuación de un modelo iniciado durante el neoliberalismo que intentó imponer proyectos de desarrollo turístico a comunidades tradicionalmente dedicadas a actividades de agricultura y pesca. La llegada de los megaproyectos impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación ha renovado el interés de inversionistas inmobiliarios, empresarios de la construcción y turismo, quienes junto a funcionarios y grupos criminales, conforman lo que los movimientos sociales califican como el “Cartel del despojo” y que intensifican conflictos sociales ante la pasividad e indiferencia de las autoridades federales del Gobierno y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

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