De la doctrina Spykman al corolario Donroe. Por Carlos Fazio

Ciudad de México, 3 de octubre de 2026

En 1942, el teórico geopolítico estadounidense Nicholas Spykman ubicó a México dentro del «Mediterráneo americano», junto con Centroamérica, Colombia, Venezuela y el cinturón de islas del Caribe, Cuba incluida (el linde entre Norte y Sudamérica no estaba en Panamá, sino en el sur de Colombia y Venezuela). Para su antecesor, Alfred Mahan, renovador de la visión expansionista del destino manifiesto, esa región era «vital» para Estados Unidos y debía permanecer bajo su exclusiva e indisputada tutoría. «Eso implica para México, Colombia y Venezuela una situación de absoluta dependencia con respecto a Estados Unidos, de libertad meramente nominal», añadió Spykman entonces.

En 1973, a raíz de la guerra de Yom Kipur entre Israel y varios Estados árabes, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo decretaron un boicot petrolero a Estados Unidos por su apoyo al régimen israelí durante el conflicto. Washington descubrió entonces su dependencia de los hidrocarburos, volteó hacia el subcontinente y comenzó a diseñar planes para garantizar el suministro de dos de sus abastecedores tradicionales junto con Arabia Saudita: México y Venezuela.

Tras la implosión de la Unión Soviética, en 1989, seguida de la invasión de Estados Unidos a Panamá y del paquete de reformas estructurales orientadas al libre mercado del Consenso de Washington ese mismo año, el inestable equilibrio por la existencia de dos sistemas económicos antagónicos en la forma no dio paso a una pretendida hegemonía económica de Washington. Por el contrario, instaló una multipolaridad difusa manifestada en la competencia entre tres grandes bloques: el Asia-Pacífico, con Japón, los llamados tigres asiáticos y China como incipiente nuevo actor emergente; la Comunidad Europea, con Alemania y Francia como motores, y el conformado por Canadá, Estados Unidos y México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1994.

Doce años después, el atentado terrorista contra las emblemáticas torres gemelas del World Trade Center de Nueva York (el 11 de setiembre de 2001) marcaría un punto de inflexión: en nombre de la seguridad nacional, el presidente George Bush Jr. lanzaría la llamada guerra global contra el terrorismo, que, como explicó por aquellos días Alain Joxe, era una forma de violencia política y no un adversario cuya supresión se pueda alcanzar con una victoria militar seguida de una paz o un armisticio. Con la guerra al terrorismo reaparecerían tres viejas nociones: guerra preventiva, espacio vital (lebensraum, de clara reminiscencia expansionista nazi) y la categoría imperialismo. Con eje en la autodefensa anticipatoria, la guerra preventiva de Bush retrotraería la situación internacional al orden de cosas anterior a la Paz de Westfalia (1648), fundamento del sistema internacional que de manera meramente formal llega hasta nuestros días; lo que implicó, de paso, un desprecio a la Carta de las Naciones Unidas. El sociólogo estadounidense James Petras la calificó en tiempo real como una «doctrina extremista» basada en una «visión totalitaria». A su vez, el mexicano Pablo González Casanova definió el nuevo orden emergente como un «neoliberalismo de guerra, colonialista e imperialista», y argumentó que con ello Estados Unidos pretendía consolidar su hegemonía militar y el neomercantilismo de las megaempresas con casa matriz en Estados Unidos, adelantando de manera temprana que podría derivar en «ideologías políticas cínicamente excluyentes y represivas, características de un nuevo tipo de colonialismo global y de fascismo neoliberal».

EL EJE EN LA SEGURIDAD

Desde comienzos del siglo XXI, la relación entre Estados Unidos, Canadá y México estaría signada por la seguridad. Más concretamente, a partir del 23 de marzo de 2005, por la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), suscrita por Bush Jr., el presidente mexicano Vicente Fox y el primer ministro canadiense Paul Martin. A su vez, en el marco de la competencia entre las potencias por el control de los mercados mundiales y el acceso a las materias primas, la administración Bush Jr. lanzaría también el Área de Libre Comercio de las Américas. Esta nueva instancia era concebida como una versión ampliada –e incluso, aunque no explícitamente, militarizada– del TLCAN para la recolonización de los países de Latinoamérica, con el terrorismo como sustituto del viejo fantasma de la Guerra Fría, el comunismo de Moscú. Con la excusa de la guerra contra un nuevo «enemigo interno» difuso, se debía desembocar en la constitución de un ejército transnacional por su composición y supranacional por su mando. Es decir, el Pentágono en su papel de estado mayor y mando unificado, y las fuerzas armadas del área en funciones de «policía interna», concentradas en tareas de apoyo con foco en la inteligencia y el procesamiento de información, y el control (o interdicción) de movimientos aéreos, marítimos y terrestres.

La Aspan funcionaría con un «gobierno sombra» de las corporaciones económicas y militares de Estados Unidos y sus socios vernáculos en México y Canadá. La alianza incluyó una integración energética transfronteriza (petróleo, gas natural, electricidad) subordinada a Washington y megaproyectos de capital transnacional. En 2007, el Plan México (o Iniciativa Mérida), suscrito por Bush Jr. y Felipe Calderón, fue diseñado como un paquete de asistencia militar en especie para hacer frente a «amenazas comunes» asimétricas, identificadas como organizaciones transnacionales del crimen organizado, en particular, las dedicadas al narcotráfico.

En resumen, los elementos centrales de esos sucesivos posicionamientos estadounidenses han sido el control hemisférico, con eje en políticas de seguridad militarizadas con la excusa del «enemigo interno» (hoy los cárteles tipificados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados), y el acceso a las materias primas (en particular los hidrocarburos, los minerales críticos y las tierras raras). Esos elementos se han mantenido hasta el presente, pero la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos, con el llamado «corolario Trump» a la doctrina Monroe, marcaría otro punto de inflexión.

LA CONSOLIDACIÓN

Con la llegada de Nasry Asfura, Rodrigo Paz, Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori a los gobiernos de Honduras, Bolivia, Colombia y Perú, respectivamente, sumados a los de Nayib Bukele, Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Katz, en El Salvador, Argentina, Ecuador y Chile, además de la invasión a Venezuela y del secuestro del presidente Nicolás Maduro y el cerco naval energético genocida sobre Cuba, en la fase inicial de su segundo mandato Donald Trump ha ido sentando las bases de una nueva forma de dominación hemisférica. Una nueva forma que se ha concretado también por la vía electoral, a través de métodos informáticos tramposos y fraudulentos, como se ha visto en varios de los países de la región y ha quedado al descubierto con la detención del operador de la ultraderecha Fernando Cerimedo. El llamado Escudo de las Américas constituido por iniciativa de Washington con el pretexto del combate al narcotráfico viene a funcionar como un vector de control geopolítico para subordinar las fuerzas militares y de inteligencia de la región a los mandos estadounidenses.

Todos esos factores perfilan una acelerada implantación de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos en el área.

Ante el larvado declive de la hegemonía estadounidense, desafiada por China; erosionada de manera creciente la «dictadura del dólar» (por el intercambio comercial en sus monedas nacionales entre varios países del bloque Brics); con la caída a su nivel más bajo desde 1982 de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, y empantanado Trump en Oriente Medio y la península arábiga tras su guerra de agresión contra Irán por el oro negro, en su viraje estratégico tendente a la construcción de lo que se ha dado en llamar la fortaleza América (Fortress America), solo quedan dos países importantes que escapan a la total tutela y sumisión de Washington en el área: México y Brasil.

Si este mes es derrotado en Brasil el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump tendrá las manos libres para pretender darle jaque mate a la reina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, acosada sin pausa por el inquilino de la Casa Blanca. Y si bien el mundo y la región cambiaron de forma drástica en los últimos 80 años, México y la asediada Cuba serían los dos últimos eslabones que faltarían para que se consumaran los designios de Nicholas Spykman.

Tampoco Brasil es el mismo. Con grandes reservas de uranio y petróleo, de la mano de Lula el coloso sudamericano se ha convertido en uno de los motores del Brics en el impulso de la multipolaridad, el multilateralismo y la defensa de la Carta de las Naciones Unidas ante un Consejo de Seguridad que mantiene al resto del mundo rehén. La semana pasada, al rechazar las injerencias de Estados Unidos al sur del río Bravo, Lula dijo ante la 81.^a Asamblea General de la organización que «Brasil no cabe en el patio trasero de nadie». ¿Tendrá los antídotos para hacer frente a los métodos de coacción y al cúmulo de dispositivos de penetración, abiertos y encubiertos, utilizados por la administración Trump en su «patio trasero»? Es la pregunta que se plantea de cara a estas elecciones.

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