OTRA BATALLA EN EL CASO LLAITUL: CUANDO LA JUSTICIA DENUNCIA LAS ARBITRARIEDADES DE GENDARMERÍA
Por Valeria Menéndez
«Este fallo trasciende la anécdota administrativa: confirma lo que el pueblo mapuche y el movimiento popular han denunciado desde hace años, que Llaitul es un preso político, víctima de una persecución que busca quebrar su liderazgo y criminalizar la lucha por la autodeterminación.»
25 de enero de 2025
El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió este lunes 28 de agosto acoger la cautela presentada a favor de Héctor Llaitul, por el abogado John Maulen ordenando a Gendarmería de Chile rectificar su ficha única de condenados. La decisión, aunque técnica en apariencia, desnuda una práctica recurrente: la utilización de registros penitenciarios manipulados para construir un perfil criminal que excede con creces la sentencia judicial.
En la ficha de Llaitul figuraban antecedentes que nunca existieron: delitos de la Ley Antiterrorista contra un jefe de Estado, supuestos consumos de drogas, conductas antisociales en la niñez y hasta pertenencia a bandas organizadas. Una sumatoria de imputaciones que, al ser ponderadas en los 13 ítems de clasificación penitenciaria, se traducen en un mayor control y restricciones al interior de la cárcel. El tribunal consideró que ello constituye una vulneración de derechos básicos, pues configura un castigo adicional sin fundamento jurídico alguno.
La defensa de Gendarmería intentó reducir el debate a la eventual obtención de beneficios carcelarios, pero el juez fue claro: lo que está en juego es el principio de veracidad y legalidad en la ejecución de las penas. El Estado no puede inventar delitos ni conductas para endurecer el régimen penitenciario de un preso político.
Este fallo, aunque circunscrito al caso de Llaitul, pone en cuestión el modo en que se administra la cárcel en Chile. Lo que aquí se evidencia es que el aparato penitenciario puede convertirse en un engranaje de criminalización política, donde la clasificación no responde a la realidad del condenado, sino a la necesidad del Estado de mantener un relato de peligrosidad.
En el caso del vocero de la CAM, la arbitrariedad es aún más evidente: el castigo excede la sentencia y configura una prolongación de la persecución política en su contra. No se trata solo de errores administrativos, sino de una práctica sistemática que atenta contra los principios más elementales del debido proceso y de la democracia.
Un precedente incómodo
La resolución del Juzgado de Temuco marca un precedente incómodo para el Gobierno y para Gendarmería: la constatación de que el sistema penitenciario se usa no solo para encerrar, sino también para disciplinar y deslegitimar. Y en el caso de Héctor Llaitul, líder mapuche, esa distorsión adquiere un carácter político innegable.
Por eso este fallo trasciende la anécdota administrativa: confirma lo que el pueblo mapuche y el movimiento popular han denunciado desde hace años, que Llaitul es un preso político, víctima de una persecución que busca quebrar su liderazgo y criminalizar la lucha por la autodeterminación.
La justicia, al obligar a Gendarmería a rectificar, ha dejado al descubierto la maquinaria de montaje que opera dentro de las cárceles del Estado. Un recordatorio de que la libertad sindical, los derechos democráticos y la lucha de los pueblos originarios siguen siendo campos de batalla. Y que, frente a ese escenario, la solidaridad y la denuncia activa son el único camino para enfrentar la impunidad del poder.