Pueblo Mapuche | Continuidad colonial del Estado chileno en el Wallmapu. Por Héctor Llaitul Carrillanca

2 de octubre de 2026 | Fuente: Le Monde Diplomatique

Hoy, cuando la denominada “cuestión Mapuche” se presenta en el debate público chileno como un problema de seguridad, violencia rural, terrorismo o insuficiente integración, podemos afirmar que esa formulación tiene una intencionalidad política de fondo, que busca alterar la relación histórica del pueblo mapuche con la institucionalidad estatal y la distorsiona. En el fondo existe una realidad estructural ligada a las tierras, al territorio y al poder político. Su origen se remonta a la ocupación político-militar del Wallmapu y a la expansión de los Estados chileno y argentino sobre un pueblo originario que había conservado durante siglos una autonomía territorial y política efectiva.

La ocupación militar de la Araucanía durante el siglo XIX implicó la derrota político-militar de la Nación Mapuche, la apropiación violenta y anexión forzada de los territorios ancestrales, con el confinamiento de la población sobreviviente en reducciones sometidas a una legislación estrictamente militar. Las tierras conquistadas fueron abiertas y entregadas a colonos vinculados a la naciente oligarquía chilena y a extranjeros. Con el paso del tiempo, esas propiedades pasaron a constituir la base del capital agroindustrial y forestal.

Revolución capitalista

Sostenemos que la invasión y el despojo tuvieron un carácter militar, económico, político y cultural. La campaña armada fue financiada por la oligarquía chilena y ejecutada por militares chilenos. La conquista creó las condiciones jurídicas para convertir los territorios comunitarios en propiedades incorporadas al circuito mercantil. La reducción territorial de las comunidades sobrevivientes subordinó, además, las formas propias de organización Mapuche a una institucionalidad colonial opresora del Estado. La destrucción y la reducción territorial afectó severamente la relación social y cultural con el territorio y, con ello, las bases materiales que hacían posible una existencia colectiva con autonomía, propia de la cosmovisión mapuche.

Con la dictadura militar y la segunda gran ofensiva sobre el territorio Mapuche, el despojo adquirió la forma de una “revolución capitalista”. Aquel proceso secular pasó a formar parte de una transformación que hasta entonces no se conocía, lo cual nos llevó a definir al gran capital como el nuevo gran enemigo de nuestro pueblo.

El golpe de Estado destruyó organizaciones de los trabajadores y del campo popular en Chile y también alcanzó a las organizaciones y comunidades Mapuche en el territorio ancestral. La represión política y la reestructuración de la propiedad fueron dos dimensiones de una misma operación histórica del Estado chileno. Una pieza reveladora de este proceso fue el Decreto Ley 2.568 de 1979, que estableció la división de las comunidades y la liquidación de la vida comunitaria. Se dispuso que las hijuelas surgidas de la división tras la ocupación dejarían de ser consideradas “tierras indígenas” una vez inscritas. Con ello se abrió un nuevo mecanismo jurídico para la política económica de la dictadura. Al mismo tiempo que se fragmentaba la propiedad comunitaria Mapuche, el régimen militar desarrollaba una gigantesca política estatal de fomento al capital forestal. El Decreto Ley 701 de 1974 estableció subsidios y franquicias tributarias destinados a expandir las plantaciones y favorecer a la industria maderera que estaba, y sigue estando, en manos de los poderosos grupos económicos responsables del golpe militar.

Esta combinación de dictadura militar y nuevo reordenamiento jurídico-institucional es fundamental para comprender el conflicto actual entre nuestro pueblo y el Estado chileno. El Estado intervino decididamente al servicio de la burguesía para construir un determinado mercado y favorecer una estructura de propiedad que, al poco andar, se transformó en un gran sistema basado en la usurpación territorial que representa hasta hoy una forma concreta del poder de dominación.

La expansión de los monocultivos forestales sobre los territorios históricos del pueblo Mapuche debe entenderse dentro de esa reorganización territorial. El Estado impulsó y propició una vasta operación de acumulación que benefició a un solo sector y entró en contradicción con una territorialidad Mapuche sometida a la pobreza rural. Desde entonces, la pobreza de nuestro pueblo coexiste con una poderosa industria forestal articulada a grandes grupos económicos y mercados internacionales.

Por lo tanto, la “cuestión territorial”, base del conflicto actual, está inseparablemente vinculada a la estructura económica construida y fortalecida durante la dictadura y mantenida y profundizada por los gobiernos transicionales. Estructura que se ha mantenido intacta durante los últimos 36 años de supuesta democracia.

Herencia de la dictadura

Es por lo anterior que sostenemos que reducir el problema Mapuche a una disputa cultural e identitaria, o a un asunto policial y de seguridad, forma parte de una maquinación de la ideología liberal destinada a ocultar el fundamento material y estructural de un conflicto histórico.

El régimen político iniciado en 1990, si bien modificó las formas institucionales mediante las cuales el Estado comenzó a relacionarse con los pueblos originarios, mantuvo intacta la estructura económica y colonial heredada de la dictadura, junto con evitar reconocer la ocupación y la usurpación del territorio ancestral Mapuche como el origen del conflicto, manteniendo el basamento ideológico colonialista que raya en la legitimación del genocidio ejercido durante dicha ocupación.

De ahí nace una contradicción que continúa hasta nuestros días, al reconocer administrativamente al indígena pero conservar la estructura territorial producida por la desposesión. De esta forma la acción estatal dirigida a los pueblos originarios queda reducida al financiamiento de ciertos programas culturales y a la compra de unas pocas tierras. Así, las llamadas políticas “interculturales” se desarrollan dentro de un régimen de propiedad privada que ampara al capital forestal y al extractivismo en general. Sin duda se trata de una institucionalidad con un basamento colonial y asimilacionista.

De hecho, la legislación castrense fue reemplazada por la Ley Indígena, que ratifica la propiedad usurpada al negociar su compra y someter a las comunidades a concursos públicos para recuperar sus tierras. De esta forma el Estado-nación chileno conserva la potestad de decidir bajo qué condición jurídica reconoce a quienes los habitan.

Lavado de imagen

Terminada la dictadura, la élite y la nueva clase política gobernante quisieron proyectar la imagen de un país estable, unificado y con legitimidad institucional. Luego, en la era del neoliberalismo global se vende la imagen de Chile como un país moderno, promercado y democrático. Un paradigma de gobernanza neoliberal, sostenido sobre consensos con una centroizquierda moderada que a la larga terminó lavando la imagen de las políticas del libre mercado. De hecho, la seudoizquierda y el progresismo chileno no solo aceptaron el modelo neoliberal, sino que terminaron siendo muy eficientes en profundizarlo en el Chile actual.

Junto con implementar nuevos mecanismos de control social que, más allá de ser abiertamente represivos, fueron de cooptación. Mecanismos que han contado con el consentimiento público construido sobre la base de un relato antimapuche y procriminal que hizo aceptables la militarización del Wallmapu y las diversas operaciones de inteligencia para apresar a sus dirigentes.

Los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y del Frente Amplio consolidaron el sistema de dominación y le dieron legitimidad. Fortalecieron un capitalismo de formato colonial y dieron rienda suelta a un modelo que devasta el Wallmapu ancestral y genera injusticia para todos los oprimidos en general. Ejemplo fueron los cuatro años del gobierno de Boric, al cual criticamos abiertamente por atacar la causa Mapuche.

La izquierda chilena, una vez en el gobierno, pasó a ser útil y servil en la continuidad del mismo modelo, creando las condiciones para imponer una nueva doctrina de seguridad nacional, un nuevo orden opresor sustentado en el capital monopólico-financiero, y que es base de un sistema cada vez más cruel que arremete contra el Movimiento Mapuche Autónomo y contra todas las expresiones que luchan por justicia social.

Hoy, las nuevas tecnologías de dominación permiten controlar con mayor eficiencia a la población. Junto con el discurso de la seguridad y el combate a la delincuencia, han servido para legitimar un Estado policial en todo el país y una verdadera dictadura militar en el Wallmapu, a través de la perpetuación de los mal llamados estados de excepción constitucional. Esta consolidación del sistema ha favorecido solo a los grandes grupos económicos. Así, la nueva izquierda del Frente Amplio y un importante sector del PC dejaron prácticamente la mesa servida para una nueva ofensiva de los fascistas en Chile y para que el capital siguiera concentrándose en pocas manos.

Por tanto, sostenemos que las estructuras de dominación sobre el pueblo Mapuche siguen vigentes, que vivimos un sistema económico cimentado en un modelo de ocupación por desposesión cada vez más evidente. Este modelo se expresa en las inversiones extractivistas forestales y en otros proyectos capitalistas que atentan gravemente contra las comunidades Mapuche.

La actual ofensiva del neofascismo en Chile, cargada de racismo contra el pueblo Nación Mapuche, viene acompañada de una mayor militarización del territorio histórico Mapuche. Por lo cual volvemos a afirmar que hoy vivimos una nueva ocupación político-militar por parte del Estado chileno, desplegada para resguardar los intereses de las grandes corporaciones económicas. En estricto rigor, el pueblo Mapuche sufre una dictadura militar de nuevo tipo. La violencia militar hacia las comunidades y la supresión de derechos forman parte de esta realidad.

En el terreno económico, las políticas extractivistas se mantienen a sangre y fuego por la fuerza militar y continúan asolando nuestros territorios ancestrales. A ello se agrega un nuevo ordenamiento jurídico-político-institucional cada vez más racista y negacionista, cuyo objetivo final es el exterminio de nuestro Pueblo Nación.

Es aquí donde la responsabilidad histórica de la izquierda chilena queda al descubierto. Fueron estos sectores los que llegaron al gobierno prometiendo cambiar el modelo y hacer justicia para los mapuche pero terminaron dando continuidad a la dominación colonial bajo nuevas formas. Nueva fase que se cubrió, a su vez, de un supuesto discurso democrático, que habló de diálogo, de reconocimiento, pero donde el régimen de propiedad levantado sobre el despojo sigue intacto. El territorio y la autonomía quedaron otra vez fuera, y el Estado continúa administrando el conflicto en función de los intereses del gran capital.

Hoy la ultraderecha encontró el camino bastante despejado al llegar al gobierno. Buena parte del trabajo ya estaba hecho. El progresismo hizo suyo los límites impuestos por la derecha y los convirtió en política de Estado. Los sectores fascistas recibieron esa herencia y ahora la llevan mucho más lejos, haciendo explícitos sus objetivos. Esa es la responsabilidad política e histórica que tienen los progresistas con el Wallmapu.

En este escenario, con nuevos procesos neocoloniales en América Latina y una nueva ofensiva del imperialismo yankee, la ultraderecha vuelve a arremeter en el Wallmapu histórico.

¡Por la reconstrucción Nacional mapuche!

¡¡Amulepe taiñ weichan!!

Héctor Llaitul Carrillanca es dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Escrito desde la cárcel de Concepción, donde cumple condena de 23 años. Recientemente recibió una medalla de la Asamblea Nacional francesa otorgada por el diputado Rodrigo Arenas.

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