Por José Roberto Duque

“He decidido que iré a la cárcel. No voy a darles dinero ni mucho menos pedir perdón a unas personas cuyo trabajo consiste en dejar familias sin un lugar donde vivir”

Jorge Jiménez

Jorge Jiménez, 25 años de edad, nacido y criado en Moratalaz y activo como militante en Vallecas (barrios populares de Madrid) está esperando la visita de la policía. Tal vez al momento de publicarse estas líneas ya haya llegado a sus manos la orden de un tribunal que le obliga a presentarse voluntariamente en la prisión. Si no cumple con esta convocatoria, en cualquier momento pueden llegar a su casa para llevárselo, o interceptarlo en la calle para encerrarlo en la cárcel durante siete meses y quince días.

Pudo haber esquivado esta condena; en el largo y truculento juicio que se le sigue desde enero de 2016 le presentaron opciones: pagar una multa o indemnización (primero de 2 mil 400 euros, luego la rebajaron a 700, por no tener antecedentes criminales) o solicitar un indulto, para lo cual tendría que admitir su culpa y luego pedir perdón. El muchacho decidió la opción más digna pero dolorosa: “He decidido que iré a la cárcel. No voy a darles dinero ni mucho menos pedir perdón a unas personas cuyo trabajo consiste en dejar familias sin un lugar donde vivir”.

El argumento jurídico o leguleyo indica que Jorge es responsable de “atentado a la autoridad” y de lesiones ocasionadas a un policía (“le pisó una mano”, dice el expediente). Pero la historia real es lo bastante profunda y miserable como para negarse a resumirla en ese simple evento que, de paso, no tiene testigos fiables. Jorge estaba participando en la defensa de una joven que iba a ser víctima de un desahucio (echada por la fuerza de su lugar de residencia) en Vallecas. Militante de un colectivo llamado Distrito 14 y activista también de las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el 16 de enero de 2016 participó en una acción destinada a evitar que la policía echara a esa joven, llamada Massiel.

La Ley Mordaza (eufemismo o nombre legal: “Ley de Seguridad Ciudadana”) vigente en España desde 2015, castiga expresamente como “falta grave” el acto de impedir los desahucios o desalojos en el momento de su ejecución por parte de la policía. La condena por este “delito” consistente en que la gente defienda a la gente, puede ser monetaria (represión económica) pero también puede llevar al encarcelamiento del incriminado. Desafiando esta monstruosidad, los activistas de Distrito 14 y otros han continuado llevando a cabo esta modalidad de barreras humanas contra la perversidad del poder.

Massiel tiene dos hijos pequeños, uno de ellos de veinte días de nacido en el momento del desalojo; no era amiga ni conocida suya. Simplemente, la Plataforma se enteró de que iban a sacarla de su casa y procedió como ha procedido antes y después en otros casos similares: formar una cadena humana a la entrada del edificio para evitar que las autoridades policiales entraran. Y, acto seguido, resistir la arremetida policial, que siempre acude a la violencia física para cumplir su cometido.

Negociar con el enemigo

Breve paréntesis para resumir el absurdo de la situación de la vivienda en España. Para esta síntesis utilizaremos los datos proporcionados por Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, y reproducidos por varios medios alternativos de contrainformación en ese país (Todo Por Hacer, 15-M, otros).

En España existen 3.4 millones de viviendas vacías, una tercera parte del total de viviendas vacías de toda Europa. Se ha fabricado un mito según el cual las viviendas de donde se saca por la fuerza a familias cada semana son propiedad de particulares que se ven amenazados por unos ocupas (invasores) cuya intención es quitarles sus propiedades. Pero la mayoría de estas viviendas no habitadas pertenecen a empresas y corporaciones (bancos, inmobiliarias, constructoras), cuya misión es especular con los precios, no resolver el drama de la falta de pisos disponibles. Mientras tanto, los precios de los alquileres no cesan de subir, y cada vez aumenta el número de familias cuyo sueldo mensual no alcanza para cubrir un alquiler. España es uno de los países con más casas y apartamentos construidos por habitante, y sólo 2% de ellos está destinado al alquiler social. Así, en España hay millones de viviendas solitarias y miles de personas sin un techo donde formar un hogar.

“Se han incrementado exponencialmente los desahucios por falta de pago de las cuotas de alquiler”

Antes la mayoría de los desahucios se ejecutaban por imposibilidad de las familias de pagar hipotecas. Actualmente (2018), a medida que se consolida la precarización del trabajo y del ingreso en los sectores más pobres de la población, se han incrementado exponencialmente los desahucios por falta de pago de las cuotas de alquiler.

El procedimiento de un desahucio, lanzamiento o desalojo es directo y rápido: luego de notificarle a la familia mediante una orden judicial que va a ser echada de su casa (esta notificación se hace varios días o semanas antes), la policía llega a la entrada de la vivienda, informa que ha venido a sacar a sus ocupantes, y si éstos se resisten derriban la puerta y sacan de allí a las personas y a sus objetos. Cuando esas familias se encuentran solas y sin apoyo, esta acción es muy rápida y termina en minutos. En 2018 se ha repetido varias veces el drama del suicidio de personas que de pronto se encontraron sin un lugar para vivir.

Pero cuando los vecinos organizados deciden detener el procedimiento, se plantean otras situaciones. “Muchas veces nos ha funcionado”, dice Jorge. “Cuando una persona recibe el aviso de su lanzamiento o desahucio y acude a alguna Asamblea de Vivienda, convocamos a la gente del barrio por las redes sociales y los grupos. Cuando llega el momento del desahucio, estamos varias personas allí dos horas antes del lanzamiento. Lo que suele suceder es que si hay suficientes agentes te quitan a hostias [a golpes], pero cuando no, el desahucio se logra paralizar o postergar un mes hasta que logra montarse otra vez el dispositivo de policía”.

Lo que hacen los activistas cuando logran detener uno de estos desalojos violentos es ganar tiempo para intentar algún acuerdo con el propietario, sea un particular o un banco. Casi siempre se trata de bancos que se han apropiado de docenas o centenares de apartamentos mediante el mecanismo criminal de los fondos buitre. Las entidades han comprado pisos en cantidad y se dedican a alquilarlos o mantenerlos desocupados hasta que llegue el momento de venderlos a precios de escándalo.

“Si un grupo familiar percibe 600 euros no puede pagar 600 euros de alquiler”

Los activistas intentan negociar el precio del alquiler, adaptarlo a las posibilidades de la familia. Si un grupo familiar percibe 600 euros no puede pagar 600 euros de alquiler; se intenta entonces que se baje el precio del arrendamiento. En los casos en que el propietario es un banco, la negociación es complicada, casi imposible, ya que los bancos prefieren tener vacía una vivienda y proceder a especular, que tener viviendo allí a alguien que no puede pagar un precio establecido unilateralmente.

Antes del caso Massiel, en Vallecas era común que se evitaran los desahucios a base de negociaciones con sus dueños. Pero la muchacha la tenía difícil: vivía en un apartamento perteneciente a Bankia, una entidad bancaria que, por cierto, había sido rescatada con dinero público: 60 mil millones de euros recibió esa entidad privada para resucitar, y esa cantidad salió de los bolsillos de los españoles. Ese apartamento estaba abandonado y Massiel un buen día ocupó este espacio y se puso a vivir en él. Sólo cuando la joven tomó esta decisión, Bankia “recordó” que ese apartamento existía y realizó la demanda para sacarla de allí. Es un esquema “normal” en España: banco salvado por la gente es implacable con la gente. Todo esto, con apoyo de leyes insólitas, ejecutadas por un poder judicial al servicio de los grandes propietarios, y la fuerza policial.

Otros tipos de “banco”

El temprano activismo de Jorge no se ha limitado a la lucha frontal y directa contra los desahucios. No le resulta fácil detectar la inspiración o detonante de su incorporación al activismo político o de contenido social; sus padres no son o fueron militantes, y no recuerda a ningún referente claro que le haya servido como ejemplo. Recuerda, sí, que en su adolescencia (hacia el año 2011) un grupo de amigos de su barrio se juntaron para conformar el colectivo Distrito 14, un grupo que organizaba algunas experiencias donde no faltaba la creatividad, como por ejemplo el Banco de Alimentos. Las líneas gruesas de esta iniciativa se trazan así: grupos de personas y de familias se reúnen para hacer una colecta de alimentos y repartirla entre gente que no tiene o la necesita más que las demás. Por realizar esta actividad en las inmediaciones de un supermercado se los llevaron detenidos dos veces. Esta iniciativa originó con el tiempo otras experiencias similares y en algún momento se creó en Madrid la Red de Solidaridad Popular. En diciembre suelen hacer lo mismo con juguetes para los niños de familias pobres.

En 2018 aquellos muchachos y muchachas, ya no adolescentes pero sí muy jóvenes, se han activado también para protestar contra la progresiva instalación de casas de apuestas en zonas populares, un fenómeno que se ha propagado a gran velocidad por Madrid.

El 16 de enero de 2016, día en que estaba previsto el desahucio de Massiel, se reunieron entre 35 y 40 personas del barrio, dispuestas a parar la acción de la policía. Eran las 7 de la mañana, en pleno invierno madrileño. Poco después de las 8 llegó la primera comisión policial: dos agentes en una patrulla. Los efectivos evaluaron la situación y procedieron a llamar refuerzos, y éstos acudieron en gran cantidad. La cadena humana se formó en la entrada del edificio y la policía hizo la advertencia de rigor: si no se quitan de allí emplearemos la fuerza. Los militantes no se quitaron, y comenzó la arremetida de la policía.

Varios minutos duró el forcejeo; la policía logró romper el cordón humano, destrozar la puerta y sacar a Massiel y a las personas que la acompañaban a manera de apoyo. Una mujer embarazada y un señor mayor sufrieron lesiones por parte de los uniformados y debieron ser atendidos en un hospital.

Al día siguiente Jorge recibió una llamada de la policía. Lo citaban para que compareciera en la comisaría de Vallecas; si no se presentaba voluntariamente lo irían a buscar en su casa o en su lugar de trabajo. Un abogado le recomendó que se presentara voluntariamente para que se ahorrara la experiencia humillante de una detención. Fue notificado de la acusación y se inició el juicio, que dos años más tarde ha arrojado una sentencia firme: al negarse a pagar una indemnización al policía que lo acusa de haberle pisado una mano, debe pasar siete meses y dos semanas privado de libertad. Dos personas más fueron citadas y se les impuso multas de 600 euros; ellos decidieron pagar la multa. Jorge se ha mantenido firme en desechar esa opción.

“He estado recibiendo terapia para que me pongan al día sobre cómo funciona una cárcel”

Está a la espera de que le llegue la carta de ingreso en la cárcel. A partir de ese momento tendrá diez días para entregarse, en la prisión que él mismo seleccione. Mientras tanto, ha debido abandonar su trabajo (era operador telefónico en una empresa) y sus estudios. Estaba cumpliendo los exámenes y requisitos para hacerse bombero. Ahora se prepara para el momento en que su vida tendrá que pasar por un rato amargo: el secuestro forzoso por parte de un Estado que lo ha acorralado, como a miles de ciudadanos más, a base de mentiras fabricadas por la policía y de leyes que incriminan a quien sabe exigir derechos.

La posición definitiva de Jorge desecha el trámite de hacer cualquier concesión. “He estado recibiendo terapia para que me pongan al día sobre cómo funciona una cárcel, sobre las situaciones con las que me puedo encontrar. No va a ser agradable, pero lo tengo asumido. La mayoría de mis amigos, compañeros y familiares intentaron convencerme de que pagase la indemnización, pero han apoyado mi decisión de no hacerlo. Creemos que la represión pretende además desactivarnos, a mí y a mi entorno, así que hemos decidido no centrar todas las fuerzas en mi caso y seguir adelante con los objetivos por los que luchamos. Personalmente, voy a estar siete meses y quince días sin poder hacer nada, pero al salir de la cárcel seguiré haciendo lo que hago: parar desahucios, protestando contra las casas de apuestas y participando en lo que haga falta”.

José Roberto Duque

Escritor y cronista popular